La Cámara de Diputados convalidó este jueves un acuerdo cerrado por el Gobierno para pagar USD 171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, poniendo fin a litigios vigentes por el default de 2001.
La Cámara de Diputados convalidó este jueves un acuerdo cerrado por el Gobierno para pagar USD 171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos acreedores que mantenían litigios pendientes con el país por el default de 2001. La sesión se desarrolló en un contexto de tensión por el tratamiento del caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El acuerdo implica que esos fondos retiren cualquier demanda para alcanzar eventuales embargos sobre activos argentinos, lo que pone fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores para formar un cobro.
La propuesta oficial fue acompañada por los aliados habituales del Gobierno en el Congreso así como por los espacios del centro político. El peronismo lideró la postura de rechazo. El proyecto ya es ley, porque tenía sanción previa del Senado.
Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino. De acuerdo al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, Attestor redujo su reclamo de USD 160 millones a USD 104 millones, mientras que Bainbridge pasó de USD 96 millones a USD 67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, afirmó Amerio durante el debate en comisiones.
Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) defendió el acuerdo y sostuvo que, “después de 25 años”, la Argentina tiene “la gran posibilidad de empezar a cerrar esta herida del default internacional”. La diputada Vanesa Siley, cercana al kirchnerismo, acusó al Gobierno de pretender resolver la deuda “a costa del hambre de la gente” y advirtió que el acuerdo implica “bajar los salarios de los trabajadores” y profundizar la recesión.