El fiscal federal Federico Reynares Solari pidió penas de entre 2 y 4 años y 3 meses de prisión para nueve imputados, entre ellos cinco productores agropecuarios y dos funcionarios municipales de Pergamino, por presunta contaminación ambiental con agroquímicos en el radio urbano. También solicitó indemnización para las víctimas y decomiso de campos y maquinaria.
El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario penas de prisión para nueve imputados en causas por contaminación ambiental vinculadas al uso de agroquímicos en campos ubicados en el radio urbano de Pergamino. Las penas requeridas van de los 2 a los 4 años y 3 meses. Además, pidió una indemnización para las víctimas y el decomiso de cinco campos contaminados junto con la maquinaria utilizada para las fumigaciones.
“El suelo de los lotes fue utilizado como un instrumento para la comisión de los hechos ilícitos. Esto demuestra un agravio más complejo, ya que el suelo -y el ambiente en general- fue lo que debió ser protegido, pero terminó utilizado como un instrumento para concretar la contaminación ambiental y poner en peligro la salud de las personas”, afirmó Reynares Solari, según el sitio del Ministerio Público Fiscal.
Las cuatro causas comenzaron a tramitarse después de 2014 a partir de denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas. Dos damnificados se constituyeron como querellantes. El juicio ante los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y la magistrada Elena Dilario comenzó en febrero de 2026.
Junto al fiscal coadyuvante Ignacio Falconi, Reynares Solari solicitó que se condene al productor agropecuario Fernando Cortese a cuatro años y tres meses de prisión y a una inhabilitación especial para ejercer la actividad agropecuaria por ocho años. Lo señaló como responsable del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que penaliza a quien, a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente. Además, le imputó el delito de amenazas coactivas. Según la acusación, Cortese fumigó con sustancias químicas peligrosas su campo sobre la Ruta Nacional 188, kilómetro 69 de Pergamino, en forma reiterada y continua desde 2011 y puntualmente entre enero de 2018 y enero de 2019.
Para los productores Mario Roces y Víctor Tiribó solicitó cuatro años de prisión e inhabilitación especial por ocho años por el mismo delito. A Tiribó se le imputó fumigar un campo próximo al barrio Villa Alicia desde 2011 y puntualmente entre diciembre de 2018 y enero de 2019. A Roces se lo señaló como responsable de fumigaciones reiteradas desde 2011 hasta diciembre de 2018 en un campo sobre calle Mansilla del barrio Villa Alicia.
Para los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, también productores, pidió tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación para realizar tareas, por considerarlos coautores de contaminación ambiental en un hecho ocurrido el 10 de noviembre de 2019 en un campo de la localidad de Ayersa (partido de Pergamino).
Para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone solicitó tres años de prisión e inhabilitación de seis años para ejercer su profesión por un hecho del 19 de octubre de 2019 en Juan Andrés de la Peña, donde no habría respetado el margen de prohibición para fumigar a metros de una escuela y un jardín de infantes. Como partícipe secundario señaló al fumigador Cristian Taboada, para quien pidió dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación.
Para los funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, requirió dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Les imputó no haber cumplido con la ordenanza Municipal N°8126/14, que prohibió la aplicación de plaguicidas o biosidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 100 metros de la zona periurbana cercana a viviendas.
Los abogados querellantes Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, en representación de dos denunciantes, expusieron su alegato el 27 de noviembre. Señalaron que, según peritajes, “en los pueblos fumigados hay una prevalencia de cáncer del 36% más que en otros territorios”. Las defensas de Cortese, Taboada, los hermanos Sabattini, Naranjo y Tocalini formalizaron pedidos de absolución. Para esta semana están previstos los alegatos de los representantes legales de Grattone, Tiribó y Roses.