El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó en la segunda revisión del acuerdo con Argentina la necesidad de fortalecer los marcos anticorrupción, en particular los regímenes de declaración de activos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó un señalamiento sobre la debilidad de la lucha contra la corrupción en Argentina en el que puntualizó la necesidad de fortalecer las modalidades de declaración de activos. El Fondo efectuó el señalamiento en la segunda revisión del acuerdo con Argentina, que destrabó el desembolso de US$ 1.050 millones, pese a que el gobierno incumplió las metas de acumulación de reservas por parte del Banco Central establecidas en ese entendimiento.
En el Box 9 del documento del Fondo sobre la revisión del acuerdo se señala que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”, entre otras debilidades del sistema vigente en el país.
El Fondo indicó que “la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.
El señalamiento, que apunta específicamente a la dificultad para que “altos funcionarios” rindan cuentas sobre sus patrimonios, se da en medio de la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su declaración jurada. Adorni tiene tiempo legal para hacerlo hasta el 31 de julio, luego de que el Ejecutivo prorrogara la fecha tope original del 31 de mayo. El presidente Javier Milei había dicho el 6 de mayo que esa presentación era inminente.
El Fondo adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción (Framework for Enhanced Engagement on Governance) que le permite evaluar cómo la corrupción o las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país, pero hasta ahora no había hecho señalamientos de este tipo en Argentina.
Fuente: Agencia DIB.