La Justicia federal dictó una medida cautelar que suspende parcialmente la resolución oficial que ordenaba la baja de más de 600 prestaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En el marco del plan de despidos impulsado por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la resolución oficial que ordenaba el cierre de más de 600 servicios que brinda el organismo en todo el país.
La sentencia impuso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, que contemplaba la baja de prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial. El freno judicial fue dispuesto por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a partir de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín también ordenó la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.
Según el Gobierno nacional, el objetivo de la medida era reducir costos y avanzar en una “simplificación administrativa”, en el marco del plan de reestructuración y ajuste.
El fallo hizo lugar parcialmente a la presentación impulsada por sectores gremiales y trabajadores del instituto, que habían señalado el impacto de la resolución en los puestos laborales y en el funcionamiento operativo del INTI.
La resolución judicial otorgó una protección provisoria a las áreas alcanzadas, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad de la medida oficial.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, declaró Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
Aguiar afirmó que el cierre de servicios del organismo afectaría capacidades técnicas estratégicas vinculadas a controles de calidad, procesos de certificación y asistencia a pequeñas y medianas empresas. También sostuvo que la decisión podría tener consecuencias sobre actividades industriales que dependen de las prestaciones del organismo.
Fuente: Agencia DIB