La Cámara Federal de Casación Penal dispuso reabrir la investigación por la represión a jubilados durante una marcha frente al Congreso, apartó a los jueces federales intervinientes y ordenó nuevas medidas de prueba.
Buenos Aires, 9 de mayo (NA). La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, ordenó reabrir la causa por la represión a jubilados ocurrida durante una manifestación frente al Congreso. El tribunal consideró arbitrario el archivo impulsado por el fiscal Eduardo Taiano y apartó a los jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Llorens.
El fallo hizo lugar al recurso presentado por la querella liderada por Adolfo Pérez Esquivel y patrocinada por la abogada María del Carmen Verdú. La decisión se basó en registros audiovisuales del canal TN, donde se observó el accionar policial contra manifestantes jubilados que no oponían resistencia, hecho que generó conmoción entre los periodistas presentes.
El juez Slokar sostuvo que el operativo de seguridad, en lugar de garantizar derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, se convirtió en un impedimento sin justificación para el uso de la fuerza. Además, advirtió sobre un “paradigma de combate” en las fuerzas de seguridad y alertó que la violencia estatal contra sectores vulnerables produce un “efecto desaliento” que afecta el debate público y la democracia.
En su voto, Slokar citó estándares de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a investigar la violencia contra manifestantes pacíficos y prevenir la impunidad. La jueza Ledesma adhirió al voto de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal de origen, mientras que el juez Yacobucci votó en disidencia al considerar inadmisible el recurso.
El tribunal destacó que la falta de control judicial frente a excesos represivos puede deteriorar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana. La resolución cobra relevancia en un contexto de cuestionamientos internacionales sobre las libertades públicas en el país.