Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso por encabezar una organización dedicada a la falsificación y venta de licencias de conducir, tras una investigación que incluyó un agente revelador y allanamientos en los barrios de Parque Patricios y Almagro.
Buenos Aires, 8 de mayo – Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso por encabezar una organización dedicada a la falsificación y venta de licencias de conducir, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación se inició a partir de un operativo de control realizado por oficiales de la Policía de la Ciudad, durante el cual se detectaron irregularidades en un registro de conducir. Los uniformados consultaron a la fiscalía de turno, incautaron el documento, lo sometieron a una pericia y confirmaron que era apócrifo.
El entonces fiscal Néstor Maragliano, actual secretario general de Política Criminal del MPF porteño, ordenó medidas que permitieron detectar una red que captaba, elaboraba y comercializaba licencias de conducir falsas durante un año. Miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) intervinieron en las pesquisas y utilizaron la figura de «agente revelador», quien se hizo pasar por comprador y solicitó una licencia trucha mediante un número de WhatsApp.
De este modo, se concretó la compra del documento en el barrio de Parque Patricios, donde se logró la captura del vendedor, identificado como «Matías», quien cumplía un rol importante dentro de la banda. El hombre recibía los datos personales de los interesados, ofrecía el servicio a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, gestionaba pagos en efectivo o billeteras virtuales y coordinaba la entrega de los documentos fraudulentos.
Además, se realizó un allanamiento en un domicilio del barrio de Almagro, donde se confiscaron 53 licencias de conducir apócrifas a nombre de distintas personas, cuadernos con anotaciones útiles para la investigación, así como celulares y computadoras que fueron analizadas por el CIJ y contenían conversaciones incriminatorias.
El implicado fue sentenciado en un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y falsificación de documentación pública y privada, y deberá cumplir con distintas reglas de conducta.