El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., prestó declaración indagatoria este lunes durante tres horas y retomará su testimonio el próximo miércoles, en el marco de la investigación por las más de 114 muertes vinculadas al fentanilo contaminado.
Buenos Aires, 27 de abril (NA). El empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., declaró este lunes durante tres horas en la causa que investiga las más de 114 muertes derivadas del fentanilo contaminado. Fuentes de la investigación indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que García Furfaro “tiene mucho para decir”, por lo que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió que retomara su testimonio el próximo 29 de abril. “Se alargó mucho y dijo que todavía le falta”, señalaron allegados al expediente.
El pasado jueves 23 de abril, a través de una videollamada por Zoom, García Furfaro comenzó su segunda indagatoria en el caso, pero tras tres horas el magistrado dictó un cuarto intermedio hasta esta mañana debido a problemas de conexión. En esa oportunidad reiteró su declaración de 2025, al sostener que se trató de un atentado y que no tiene relación con la contaminación por bacterias en las ampollas.
A poco de cumplirse un año del inicio de la pesquisa, el juez ordenó nuevas declaraciones con el objetivo de sumar más casos contra los 14 procesados, ya que en la primera indagatoria fueron acusados por la muerte de 20 pacientes y ahora son cerca de 114 los casos registrados tras las pericias. García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31.202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”. “Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito judicial.