El sector, que emplea a unas 80.000 personas, reclama medidas contra el juego ilegal y una actualización normativa para asegurar su supervivencia y financiamiento.
La actividad hípica en Argentina reclama una serie de cambios estructurales, que en su mayoría requieren participación estatal, para sobrevivir y mantener la fuente de trabajo de unas 80.000 personas. Los pedidos directos a las autoridades nacionales y provinciales se centran en el combate del juego clandestino y el funcionamiento de aplicaciones de juego ilegal, que le quitan recursos al sector y debilitan su financiamiento.
Si bien existen disidencias internas sobre cómo avanzar, hay consenso en la identificación de los obstáculos que ponen en riesgo el funcionamiento de la actividad. La lucha contra el juego clandestino es centenaria, pero el avance de la tecnología ha facilitado esta práctica en los últimos tiempos.
En la última entrega de los premios «Carlos Pellegrini», el presidente del Jockey Club, Juan Mariano Villar Urquiza, destacó la necesidad de que se tomen medidas a nivel nacional y provincial para frenar la proliferación de esta opción de juego. Los premios por los cuales corren los caballos se forman, en parte, con el dinero que se juega de manera oficial. De allí surgen los recursos para entrenadores, jockeys y el personal de trabajo diario. La caída de este flujo disminuye las retribuciones, reduce los premios a los propietarios y achica la actividad.
Este proceso se viene profundizando desde hace décadas. Si bien se considera una actividad arraigada en todo el país, su carácter federal conlleva un problema: cada provincia dicta su legislación, lo que en muchos casos permite que las apuestas tomadas sobre los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata no ingresen a las arcas de los organizadores, produciendo una fuerte pérdida de ingresos. Se ha constatado en muchos Jockey Club provinciales el «robo» de la señal para montar un negocio ilegal, generalmente con complicidad de autoridades locales.
La discusión lleva al menos tres décadas y, pese a las denuncias, la situación no se modifica, por lo cual se piden cambios en la normativa. La actual legislación impide, por ejemplo, que un apostador de Córdoba o Tucumán pueda usar las aplicaciones oficiales y jugar de manera directa en los hipódromos organizadores. Amparados por legislaciones locales, el dinero queda en cada provincia pero perjudica al conjunto.
En los últimos meses, el Hipódromo de Palermo inició conversaciones con diferentes provincias para que su aplicación pueda ingresar a cada jurisdicción. Chubut fue la primera en sumarse, y existen conversaciones avanzadas con Córdoba, un bastión importante de la actividad. Sin embargo, estos esfuerzos chocan con una legislación que habilita zonas grises para las irregularidades.
La caída constante de la rentabilidad ha impactado también en la cría, con un desplome en los nacimientos de purasangres de carrera (SPC). El turf representa un capital social importante, al ofrecer mano de obra a personas con baja instrucción y ser una salida laboral de impacto inmediato.
El 7 de mayo de 1876 se inauguró oficialmente el Hipódromo de Palermo, que en pocos días cumplirá 150 años. Además de su origen como escenario de carreras, hoy ofrece una variedad de juegos de slots, gastronomía y shows, una transformación necesaria para sostener la actividad hípica. Una de las celebraciones más importantes se dará el 1º de mayo, cuando se dispute el Gran Premio República Argentina (G1) con un premio al ganador de 100 millones de pesos.