Una presentación judicial investiga un esquema de contrataciones directas, triangulación de fondos y pagos irregulares en el sistema de control vial de la provincia de Buenos Aires.
Una denuncia judicial puso bajo la lupa el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, al señalar a empresarios, funcionarios y un nexo académico por un presunto esquema de coimas, lavado de dinero y desvío de fondos públicos.
El fiscal federal Guillermo Marijuana apuntó contra Leandro Camani, titular de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., y contra Diego Kampel, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a quien identificó como facilitador institucional de contrataciones.
Según la presentación, el mecanismo permitía evitar licitaciones públicas mediante convenios entre municipios y la UNSAM, lo que derivaba en una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a esa casa de estudios, que luego contrataba de forma directa a empresas privadas.
En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de intermediarios, mientras que los municipios percibían una porción menor, de acuerdo a lo consignado en el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La denuncia también menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del actual ministro bonaerense Martín Marinucci, en relación con la habilitación de radares a cambio de pagos ilegales.
Asimismo, se describió el uso de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar dinero en efectivo destinado al pago de coimas a funcionarios encargados de autorizar los sistemas de control vial.
El caso se inscribe en un contexto de otras investigaciones sobre el negocio de las multas, entre ellas la causa en la que se investiga al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos.
Según el expediente, al menos una docena de municipios participaron de los convenios cuestionados, entre ellos La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate, con recaudaciones que en un caso superaron los 3.700 millones de pesos en menos de un año.
La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini, quien deberá definir medidas de prueba como allanamientos y el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero en un esquema que vuelve a poner en foco el millonario negocio de las fotomultas.