La Cámara de Diputados tratará este miércoles un proyecto que redefine las zonas protegidas y permite actividades en áreas periglaciares, con el objetivo de captar inversiones mineras. La iniciativa, impulsada por gobernadores del norte y Cuyo, transfiere facultades a las provincias.
Buenos Aires, 6 de abril (NA) – La Cámara de Diputados se dispone a convertir en ley este miércoles un proyecto que reforma la Ley de Glaciares. La iniciativa busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y establecer en qué áreas periglaciares se pueden permitir tareas de exploración y explotación, con el fin de captar inversiones mineras.
El proyecto fue impulsado por el Gobierno a pedido de los mandatarios provinciales aliados para promover inversiones en las provincias del norte y de la zona de Cuyo, en el marco del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en 2024. Entre los gobernadores que impulsan la ley se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), provincia que tiene el mayor desarrollo minero.
Uno de los aspectos centrales de la ley, ya sancionada por el Senado, es la modificación de los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares. Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.
Uno de los puntos de debate sobre el inventario es que, según críticas de algunos gobernadores, está desactualizado, mientras que sus defensores argumentan que atravesó problemas por falta de financiamiento.
Otro punto clave de la reforma es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales. El objetivo es que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por una evaluación de impacto ambiental. Hasta ahora, la protección de un área dependía de estudios técnicos que demostraran si cumplía una función hídrica relevante. Según la nueva normativa, si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación.