El presidente Daniel Noboa estableció la medida para combatir al crimen organizado, suspendiendo derechos como la inviolabilidad del domicilio y permitiendo el despliegue de las Fuerzas Armadas.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir al crimen organizado, que abarca a nueve de las 24 provincias del país, así como a cuatro municipios ubicados en otros tres distritos.
Entre las jurisdicciones afectadas por la medida se encuentran la capital, Quito, y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, que suman entre las dos unos 7 millones de habitantes, de un total de cerca de 18 millones que tiene el país andino.
Durante la vigencia de este estado de excepción estarán suspendidos los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de modo que la Policía y las Fuerzas Armadas podrán ingresar a viviendas sin autorización judicial previa, así como interceptar comunicaciones. Asimismo, las Fuerzas Armadas se desplegarán para desarrollar operaciones contra las organizaciones criminales en coordinación previa con la Policía.
El decreto fue emitido en la víspera al inicio de los tres días festivos por Semana Santa en Ecuador, cuando millones de ecuatorianos están saliendo de viaje a visitar otras zonas del país.
Las provincias bajo esta medida están ubicadas principalmente en la costa del país, donde se concentran las actividades de las organizaciones criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, con el objetivo de enviar grandes cantidades de cocaína producida principalmente en Colombia hacia Europa y Estados Unidos. Este es el caso de Esmeraldas y El Oro, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
A ellas se suma Pichincha, donde se encuentra Quito, y la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza también con Colombia, donde recientemente las Fuerzas Armadas de Ecuador desarrollaron operaciones militares con la colaboración de Estados Unidos para destruir supuestamente campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).