El ministro de Economía, Luis Caputo, generó esta semana un debate sobre la situación actual del campo argentino al calificarlo de estar en un «boom absoluto». A través de sus redes sociales, el funcionario proyectó que, en un escenario optimista, el sector podría aportar unos 42.000 millones de dólares en 2026, lo que representaría un incremento de 8.700 millones respecto al año pasado.
Una proyección sin origen detallado
Caputo no especificó el origen de las proyecciones presentadas, pero vinculó el desempeño a las medidas de alivio fiscal implementadas por el gobierno. «Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho», sostuvo el ministro, refiriéndose a recortes en derechos de exportación y aranceles a insumos.
La respuesta del sector: piden más y con hoja de ruta
La Sociedad Rural Argentina (SRA) respondió días después, celebrando los ingresos adicionales pero reclamando un cronograma firme para la eliminación total de los Derechos de Exportación (DEX). La entidad, presidida por Nicolás Pino, argumentó que la persistencia de estos gravámenes actúa como «un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas» y que el esfuerzo actual del productor «se agota en cubrir costos récord y presión fiscal».
La promesa pendiente y la política de avances graduales
La eliminación de las retenciones fue una promesa de campaña del presidente Javier Milei, aunque sin una fecha concreta. Desde su asunción, el gobierno ha implementado bajas graduales y selectivas, sin una hoja de ruta pública y previsible. Estas reducciones han respondido a momentos políticos, como el anuncio en la Exposición Rural de Palermo, o a necesidades económicas específicas, como la búsqueda de apoyo financiero internacional.
Números que contrastan con la idea de «boom»
Más allá del optimismo oficial, algunos indicadores muestran una realidad más compleja. La superficie sembrada con soja, el cultivo que más divisas genera, decreció en 800.000 hectáreas entre la campaña 2024/25 y la 2025/26, evidenciando un estancamiento productivo. Solo condiciones climáticas favorables permitirían superar las 50 millones de toneladas este ciclo.
La presión impositiva, aunque reducida respecto al inicio de la gestión, sigue siendo significativa. Se estima que el Estado se queda con casi uno de cada cuatro camiones de soja que se exportan. Esta carga erosiona la competitividad, medida por la relación insumo-producto. No es casualidad que, con menores gravámenes, la producción de maíz y girasol haya mostrado crecimiento.
El contexto internacional y la incertidumbre local
El panorama se complejiza con la presión de costos internacionales, especialmente en combustibles y fertilizantes. Además, según un informe reciente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la intención de siembra de trigo para el próximo ciclo proyecta una baja del 3%, aunque se mantiene en niveles altos respecto al promedio histórico.
El sector agropecuario mantiene una inversión anual silenciosa de alrededor de 20.000 millones de dólares para cada campaña. Mientras el gobierno celebra una reactivación, los productores insisten en que la clave para desatar el verdadero potencial está en la previsibilidad y en la eliminación definitiva de lo que consideran un impuesto distorsivo. El debate, por ahora, queda entre la expectativa oficial y la cautela del campo.