El lunes, por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentará el Presupuesto 2026. Allí se espera que brinde algunos detalles sobre lo que el Gobierno prevé serán los ingresos y gastos del Estado para el año que viene. Deberá ser aprobado por el Congreso: de lo contrario, sería el tercer año de gestión sin presupuesto. También, el tercer año en el que contaría con la facultad discrecional de modificar la proyección prorrogada. Ya lo hizo cuatro veces en 2025, la última esta misma semana.
La Decisión Administrativa 23/2025, publicada el mismo jueves en el que se oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, incluye algunos reajustes en las transferencias a universidades nacionales: en total se reducen en $ 42.335 millones los recursos destinados a distintos programas que financian gastos corrientes y de capital de las instituciones educativas.
De ese total, se redujo en $ 39.817 millones el monto destinado a estas transferencias dependientes del programa Desarrollo de la Educación Superior; en $ 2.500 millones los recursos asignados para transferencias a las universidades dependientes del programa Infraestructura y Equipamiento; $ 12 millones que llegaban a través del programa Acciones de Inclusión Social y $ 6 millones se restaron a las transferencias que se otorgaban desde el programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica. La mayoría de estos programas, salvo el de Acciones de Inclusión social –que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia– pertenecen a la Secretaría de Educación.
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo entiende que la modificación del presupuesto tiene el objeto de afrontar gastos “impostergables” para el normal funcionamiento del Estado. En uno de los anexos, de más de 400 páginas, figura además una reducción en el dinero asignado a la Secretaría de Presidencia, pero por un monto mucho menor al de las transferencias a universidades: sus recursos se reducen en $ 5.747 millones y pasarán, según se describe en la disposición, al Ministerio de Defensa. Hasta esa reducción, el monto consignado a la oficina que dirige Karina Milei se había incrementado en un 46,3% en el año.
La decisión administrativa también incorpora al presupuesto vigente los créditos y recursos derivados de la administración de los bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal. Además, crea un Consejo Nacional de bienes recuperados en favor del Estado nacional. Los recursos que resulten de esta venta, aclaran, serán distribuidos entre diferentes organismos de la Administración Pública Nacional.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya habían advertido que esto “ignora la obligación de reparación a las víctimas directas e indirectas de los crímenes” y “establece una política que únicamente pondera el valor económico de los bienes recuperados como estrategia de recaudación por parte del Estado”. La Asociación hacía referencia al Decreto 575/2025, que incorpora un nuevo sistema de administración de bienes provenientes de actividades ilícitas y que ahora se materializa en la creación de este Consejo Nacional.
“El decomiso de bienes provenientes de delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero o la corrupción es una herramienta poderosa para debilitar económicamente a las organizaciones criminales, pero no para financiar las deficiencias administrativas del Estado”, sostienen desde ACIJ.
Los ganadores y perdedores del presupuesto 2025.PERFIL relevó los datos de los organismos y oficinas más sensibles que aumentaron su partida presupuestaria en 2025 y los que quedaron debajo de la inflación. Otro de los casos emblemáticos es el del Garrahan, luego del veto a la emergencia en pediatría. La partida presupuestaria destinada a este hospital pasó de los $ 169.455 millones a los $ 186.097 millones, lo que representa un aumento del 9,8% respecto a 2024, con una inflación interanual que, según el último dato del Indec, es del 33,6%.
Otros hospitales también sufrieron el ajuste. Uno de ellos es el especializado en salud mental y adicciones Licenciada Laura Bonaparte. Su presupuesto se mantiene desde 2024 en $ 16.815 millones.
La Agencia Nacional de Discapacidad también quedó debajo de la inflación, aunque incrementó su presupuesto en un 29,2% (pasó de los 3,7 billones a los 4,8 billones). Sin embargo, el dinero asignado a conducción y cargos directivos del organismo creció un 387% en un año y medio.
La Secretaría de Inteligencia del Estado es un caso de los que superaron la inflación en materia presupuestaria. Sus recursos pasaron de los $ 48.256 millones vigentes a los $ 80.872 millones, lo que representa un incremento del 67,6% respecto al presupuesto vigente, y está más de 30 puntos porcentuales por encima de la suba del índice de precios. Dentro de esta oficina, el monto asignado a gastos reservados –por los que no se rinden cuentas– pasó de los $ 3.794 millones a los $ 13.436 millones, lo que representa un incremento del 254% respecto al inicio de este año. De ese total, ya se ejecutó el 94%, por lo que cualquier reasignación que redujera recursos para afrontar los gastos impostergables del Estado no le impactaría, no al menos a la baja.