El gobierno busca recuperarse del duelo por la sanción de la ley de reparto de los ATN llevando la cuestión a los tribunales. Se lo había prometido al FMI, que incluye ese escenario en el último documento de revisión del programa económico.
Durante la sesión de Diputados del jueves, en el momento de votar, Martín Menem disparó el ardid para abrir esa posibilidad. Reclamó que el proyecto que venía del Senado requería una mayoría especial de 129 votos por tratarse de una ley tributaria.
La oposición discutió ese tratamiento, a pesar de lo cual la norma superó holgadamente la mitad más uno de los miembros de la Cámara. El ardid fue casi ingenuo: si hubiera sido un proyecto tributario, debió entrar por Diputados, según la Constitución. Tampoco el Senado detalló, en el mensaje de envío a Diputados, la declaración sobre que era una ley especial.
Lo que aprobó el Congreso no afecta a la ley de coparticipación. Es una reforma de un artículo de la ley complementaria de presupuesto (Ley 11.672). Los abogados del gobierno tienen previsto demorar en los tribunales la aplicación del reparto de los fondos ATN (1% de lo que se coparticipa) según el repartidor de la Ley de Coparticipación (Ley 23.548).
El impulso no queda allí: le sigue un intento de reclamar a la justicia que el reparto de los fondos ATN que hoy administra la Nación se haga después de que las legislaturas provinciales aprueben su adhesión al nuevo régimen.
En la carrera de obstáculos del proyecto reclamado por la mesa de los gobernadores en el documento «Un Grito Federal» se incluye, desde ya, el veto presidencial. Lo alienta que la aprobación en Diputados no llegó a ser por dos tercios de los votos.
Un soplo de ilusión para un eventual veto. Si el rechazo del gobierno escala más adelante en Diputados, puede terminar en la Suprema Corte. El alto tribunal es un «triángulo de las Bermudas» donde una causa federal como esta puede dormir durante muchos años.
¿No le hubiera sido más fácil al gobierno construir una mayoría que se acercase más a sus intereses? La construcción de mayorías asegura que las medidas que toma una administración tengan sustentabilidad en el tiempo. Sacar leyes por un voto de diferencia crea ilusiones de victoria, pero no asegura soluciones. Producir acuerdos es lo que construye futuro y es la receta de supervivencia de los gobiernos débiles.
El gobierno entiende, como otros antes, que con el dominio de los relatos y los mensajes se construye futuro. Jugar el juego de las minorías se monta sobre la presunción de que gobernar es hacer campañas de publicidad. Ni la propaganda a favor ni las campañas negativas construyen poder.
La fascinación del oficialismo por anclarse en una minoría que desafía a las mayorías expresa una confianza en que la representación del Congreso es falsa, sin tener en cuenta que ese poder es fruto de los mismos resultados de las elecciones que llevaron a Milei a la presidencia.
Negarle legitimidad al Poder Legislativo repite un modelo viejo. Lo inauguró Néstor Kirchner en 2003. Ganó la presidencia después de perder las elecciones con Carlos Menem. La pequeñez de su base electoral le hizo buscar legitimidad negándosela a los demás.
Para Kirchner, todas las organizaciones de la sociedad civil carecían de legitimidad. Como su legitimidad era baja, les negó legitimidad a los otros poderes, a los partidos políticos, a la Iglesia, a las Fuerzas Armadas, a las cámaras empresariales y a todos los organismos generadores de políticas públicas.
Lo mismo repite Milei cuando descalifica a todos esos sectores con insultos de variada gama. Ha llegado a repetir la confesión de impotencia de Macri al decir que el Congreso está secuestrado por el “kirchnerismo” (que es como llaman el peronismo, como si hubiera diferencia más allá de los internismos del PJ).
Es una manera singular de describir una realidad que si no le gusta tiene que hacer política para cambiarla, antes de quejarse: el peronismo es la primera minoría de las dos cámaras, que su fuerza es la segunda minoría y que solo puede moverse con la ortopedia de sectores del PRO, la UCR, la neutralidad de bloques como Encuentro Federal y, como ocurrió con el veto a jubilaciones, recurriendo a los trueques con los gobernadores. Sin ellos no hubiera logrado imponer el veto a las jubilaciones.
Gobernar es acordar
El FMI, en su informe de revisión, llamó a que el gobierno buscase el apoyo en el Congreso y en la sociedad para darle sostenibilidad a la gestión: “una colaboración más profunda con el Congreso será necesaria para avanzar en reformas estructurales clave, particularmente en las áreas de tributación, pensiones y mercado laboral.
En términos generales, construir y sostener un amplio apoyo social y político para la agenda de reformas respaldada por el Fondo sigue siendo crítico (…). Paralelamente, deben persistir los esfuerzos para asegurar una asistencia social adecuada y una distribución justa de los costos del ajuste (con mayor énfasis en políticas para facilitar la creación de empleo) a fin de mantener la cohesión social y el apoyo político durante todo el programa”.
El mismo llamado hicieron legisladores como Miguel Pichetto y Nicolás Massot en sus intervenciones en Diputados. El presidente de Encuentro señaló la limitación de que el objetivo primario del oficialismo sea considerarse una minoría de bloqueo de las iniciativas de la oposición: “la consolidación del porcentaje necesario para el bloqueo me parece que es la meta principal del gobierno, cuando en realidad el gobierno debería haber trabajado con mucha más inteligencia en la construcción de acuerdos, en la construcción de un camino de razonabilidad y en la ampliación de la base de sostenibilidad institucional aquí en el Parlamento.”
Más ácido, Massot, compañero de la misma bancada, comparó esa fascinación por las minorías y los efectos que tendría en otros países. “Los sistemas parlamentarios –señaló– tienen un lema que podemos adoptar, sin cambiar ninguna de nuestras prácticas y sin dejar de ser un sistema presidencialista, que es que se le llama ‘formar gobierno’ a cuando el Congreso logra una mayoría. Ergo, si no hay mayoría, no hay gobierno; los pone en pie de igualdad. Esa es una práctica que no solo este gobierno debiera haber aprendido”.
“Un coche sin gasolina”
La prueba de capacidad de acordar son los presupuestos, algo que el oficialismo se niega a discutir desde que asumió. En los sistemas parlamentarios europeos, si un gobierno fracasa en la aprobación del presupuesto, suele caer y adelantar elecciones.
Pedro Sánchez gobierna en España sin mayoría para aprobar el presupuesto, y ha prorrogado el del año anterior, pese a que cuando era oposición del conservador Mariano Rajoy, lo criticaba con la frase “un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina”.
Interesa esa expresión porque el gobierno de Sánchez representa hoy un corolario del dominio de las minorías, que es gobernar con una alianza de perdedores. En la Argentina, Milei también gobierna con una alianza de perdedores: lo asisten en los dos primeros años de gobierno el apoyo de lo que fue Juntos por el Cambio, que perdió en 2023, y le perdona la vida, con acuerdos discretos, el peronismo que le permitió ser candidato y que perdió también en 2023 con la marca de Unión por la Patria.
La madre de todas las crisis
Desde otra perspectiva, el economista y exministro Jesús Rodríguez sostuvo esta semana que la falta de acuerdos políticos que a menudo se critica en la Argentina tiene sus raíces en el propio nacimiento de la transición a la democracia en 1983.
En la presentación de su ensayo «La huella democrática: Política y economía en el período 1983-1989», escrito en colaboración con Alejandro Garvie y premiado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Rodríguez describió esa transición como un proceso «por ruptura». En este sentido, Rodríguez afirmó: «No hubo negociación entre el sistema político entrante y la dictadura saliente, a diferencia de otras transiciones en Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. Esta ruptura, si bien explicó la realización de los juicios por terrorismo de Estado y represión ilegal, también fue la causa de las frustraciones en materia de resultados económicos y sociales”.
A pesar de esta «ruptura fundacional», el ensayista señaló algunas excepciones y acuerdos que marcaron el período. El rechazo de todos los partidos políticos a los alzamientos militares de Semana Santa en 1987 fue uno de ellos. Otros fueron los acuerdos en el Congreso en 1989, entre el radicalismo saliente y el peronismo entrante.
En ese momento, se aprobaron tres leyes clave: la de Defensa, la de coparticipación de impuestos y la revisión de los regímenes de promoción industrial. En las décadas siguientes – no abarcadas por el ensayo de Rodríguez y Garvie – hubo otros acuerdos significativos, como el Pacto de Olivos, la salida de la crisis de 2001 con el gobierno parlamentario de Eduardo Duhalde, los que cerró el gobierno de Macri en el Congreso para salir del default en 2016 o los Consensos Fiscales.
Más cerca en el tiempo, la oposición del peronismo habilitó al gobierno de Alberto Fernández la aprobación de leyes Guzmán de emergencia, la de sustentabilidad de la deuda y el acuerdo con el FMI.
El orden conservador
Refugiarse en la derrota prueba la voluntad del gobierno de profundizar, en los dos años de mandato que le quedan a Javier Milei, la construcción de un gobierno de minoría.
En lugar de avanzar por el camino convencional del sistema democrático de 1) construir poder de la base hacia la cúpula y 2) aplicar la energía política a la construcción de mayorías, confía en la confrontación desde una pequeñez reforzada Es un proceso que tiene sus teóricos en las derechas y las izquierdas.
En la izquierda, el discípulo del «Colorado» Jorge Abelardo Ramos, Ernesto Laclau, desarrolló una teoría del populismo que señala como enemigo a una «oligarquía anti-pueblo», y un sujeto pueblo construido también desde el poder. El tecnopopulismo de derecha que inspira administraciones como la de Estados Unidos y algunos países de Europa, construye sobre los restos del pensamiento fundador del constitucionalismo, modelo que previó una trinchera de instituciones contra mayorías, para impedir que las repúblicas cayesen en manos de las «masas incontroladas».
El voto calificado, las elecciones indirectas, las designaciones vitalicias en la Corte y hasta los «checks and balances» del sistema democrático que equilibran los poderes, pueden ser leídos como instituciones que sirven como frenos contra las mayorías. El clásico de Natalio Botana «El orden conservador” (1977) permite entender la creación de instituciones contra las mayorías para articular la civilización después del despotismo.
Los teóricos de la tiranía de las minorías ven hoy en Estados Unidos un modelo contra las mayorías: «En ninguna otra democracia las minorías frustran los deseos de las mayorías de manera tan habitual y permanente» (Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, «La dictadura de la minoría», 2024).
Es importante señalar a los EE. UU. porque es el modelo confesado del actual gobierno conservador, que se aparta del mandato de la democracia liberal, una forma de democracia surgida en Occidente entre finales del siglo XVIII y el XX, que busca la confluencia del autogobierno colectivo (el de la mayoría) y las libertades civiles (los derechos de las minorías).