Este lunes, mediante una resolución firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, publicada en el Boletín Oficial, se oficializó la limitación de designación transitoria y su salida de la funcionaria Mariela García, solicitada por la propia ANMAT a través del expediente IF-2025-89047132. La medida se hizo efectiva de inmediato y no se mencionó ningún reemplazo ni traslado interno.
En medio de la investigación judicial por la distribución de fentanilo contaminado, que ya causó más de noventa muertes confirmadas y provocó fuertes cuestionamientos sobre la eficacia de los controles estatales, el ministro Lugones admitió demoras en la detección de irregularidades. Por ese motivo, la desvinculación de García no es casual, aunque el gobierno nacional no relacionó oficialmente su salida con el caso.
Desde octubre de 2019, García ocupaba el cargo de directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM), un área estratégica dentro de la ANMAT dedicada a detectar tempranamente riesgos sanitarios en medicamentos y dispositivos en circulación.
Pero la carrera de García en el ANMAT se inició a principios de los 2000 «sin tener la pericia necesaria para el área», detallan hoy fuentes gubernamentales: la desplazada es fonoaudióloga. Un detalle no menor para cargo de relevante peso técnico en el organismo regulador que se encarga de certificar que los productos médicos en uso sean seguros y confiables.
“La contaminación de ampollas de fentanilo es la peor situación de intoxicación medicamentosa de la historia del país desde la creación de la Anmat”, destacó el diputado Pablo Yedlin, exministro de Salud de Tucuman. Con casi cien muertos por fentanilo contaminado, el escándalo expuso la vulnerabilidad de los sistemas de control sanitario en la Argentina.
La Justicia comprobó que había al menos dos lotes de este medicamento que presentaron contaminación bacteriana dentro de los frascos del calmante. Los análisis bioquímicos más detallados comprobaron la presencia de dos tipos de microorganismos: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp.
A esta altura de la investigación que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, desde el juzgado se calcula que hubo alrededor de 154 mil ampollas contaminadas. De esas, el 28% fueron administradas a pacientes y, en los últimos días, se pudo secuestrar y recuperar la totalidad de las restantes, por lo que, en teoría, ya no hay ampollas peligrosas en los depósitos de los institutos de salud.