Aumentan las internaciones, caen las coberturas, la gente compra menos psicofármacos aunque los necesita y se desmantelan programas específicos. La crisis de salud mental en Argentina ya no es un problema futuro: es un presente que crece, acunado en estadísticas alarmantes, testimonios y políticas públicas que retroceden.
Un informe reciente publicado por la Fundación Soberanía Sanitaria da cuenta de una verdadera tormenta perfecta. En los últimos años, los casos de ansiedad, angustia, depresión y descompensaciones psicóticas crecieron de manera sostenida. A esto se suma el incremento del consumo de sustancias —legales e ilegales— y un aumento preocupante en intentos de suicidio. La pandemia dejó una huella profunda, pero el escenario actual está condicionado por un contexto aún más corrosivo: el ajuste económico, la pérdida de derechos sociales y el colapso progresivo del sistema de atención.
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Un ejemplo lo da el estudio del caso de la provincia de Buenos Aires: las internaciones por motivos de salud mental en hospitales generales pasaron de 28.451 en 2019 a 45.785 en 2024. Y en particular, en el caso de niños, niñas y adolescentes, han pasado del 9% del total de internaciones en 2023 al 13% en 2024, lo que estaría dando cuenta de profundas crisis vitales en esa población.
Salud mental en riesgo
En este contexto, otro dato: en mayo de 2025, 11 provincias informaron un incremento sostenido en la demanda de atención en el sistema público, tal como surge del Documento Conjunto de autoridades de Salud Mental, emitido en Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO) 2025.
Entre la angustia y el copago
La demanda se desborda y, sin embargo, el sistema privado se aleja. Según el informe Salud en agonía del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante 2024, alrededor de 200 MIL personas se vieron obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga debido al sostenido incremento en el valor de las cuotas mensuales. Y esto podría estar generando el traslado de afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza su sobrecarga crónica por falta de personal y recursos limitados.
Estudio: uno de cada 10 argentinos está en riesgo de tener un trastorno mental
Mientras tanto, conseguir un turno puede tomar meses. Y si de internaciones se trata, el panorama empeora: los casos de consumo problemático enfrentan barreras prácticamente infranqueables para acceder a tratamientos. Las demoras y copagos se vuelven, en muchos casos, barreras absolutas.
Menos medicamentos, más sufrimiento
El otro gran frente de batalla es el acceso a psicofármacos. Según un trabajo del Colegio de Farmacéuticos que analiza las dispensas a los afiliados al PAMI, los medicamentos relacionados con Salud Mental disminuyeron el 11%, en parte por el aumento de precios y la reducción de coberturas del PAMI, que pasó de financiar el 100% a cubrir solo entre un 40% y un 80%, justo en un contexto donde las jubilaciones perdieron un 17,5% de su poder adquisitivo.
En paralelo, los psicotrópicos más utilizados —como clonazepam, alprazolam y quetiapina— redujeron significativamente su nivel de distribución. Menos medicamentos implican más crisis, interrupciones de tratamientos y un aumento del sufrimiento silencioso.
Cuando el Estado también se retira
El recorte llega también a las políticas públicas. El Hospital Nacional “Lic. Laura Bonaparte”, uno de los principales centros especializados, perdió al 40% de su personal. Las residencias interdisciplinarias (RISaM), que garantizaban formación en salud mental, fueron eliminadas. Y programas estratégicos como Remediar Salud Mental y las “Casas Joven” de la SEDRONAR quedaron paralizados.
La desinversión es doblemente alarmante porque no se trata solo de presupuesto, sino de una visión de salud integral y comunitaria que empieza a ser desmantelada. En muchas provincias, la atención ahora depende exclusivamente del esfuerzo local, sin respaldo nacional.
¿Y ahora qué?
En este momento, algunos sectores han propuesto modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657. No obstante, estas iniciativas legislativas actualmente en debate no abordan —según la opinión de esta ONG— los principales problemas estructurales del sistema, como la subfinanciación, la falta de redes integradas de atención, el déficit de recursos humanos y la escasa cobertura territorial.
La pregunta ya no es si habrá una crisis. La crisis está aquí y ahora.
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