En medio de un proceso de estabilización fiscal celebrado por mercados y organismos multilaterales, Argentina enfrenta una paradoja silenciosa: mientras consolida el equilibrio presupuestario, recorta sistemáticamente una de las palancas fundamentales para el desarrollo sostenible: la inversión en infraestructura.
El informe “Economic Surveys: Argentina 2025”, publicado en julio por la OCDE, advierte que los recortes prolongados en gasto de capital debilitarán las bases productivas del país.
Es decir, Argentina va camino a convertirse en una economía fiscalmente ordenada, pero con una infraestructura en estado disfuncional por falta de conservación, y sin nuevas infraestructuras que provoquen desarrollo y crecimiento.
El diagnóstico del Gobierno es que la inflación es la única causa de la paralización del crecimiento económico. Discrepamos: la otra causa es la falta de infraestructura que genere nuevos negocios, nuevas inversiones.
La infraestructura es en los países subdesarrollados un importantísimo factor de creación de actividad económica y de desarrollo como lo demuestra nuestra historia.
Martín Fierro llama “desierto” a la región que después fue la Pampa Húmeda, hasta hoy el factor económico más eficiente y dinámico de nuestro país. ¿Qué fue lo que transformó al desierto en Pampa Húmeda? Los ferrocarriles, los puertos, los caminos, la infraestructura en general.
La infraestructura es más que asfalto y cables: es la condición habilitante de la competitividad, la integración territorial, la atracción de inversiones y la inclusión social. Sectores estratégicos como el litio, las energías renovables, la agroindustria y los servicios tecnológicos dependen críticamente de la expansión de redes eléctricas, sistemas logísticos, conectividad digital y una gestión eficiente de los recursos hídricos.
Sin esa plataforma material, las ventajas comparativas quedan atrapadas en potencia.
El director ejecutivo de una importante empresa minera internacional que trabaja en nuestro país advirtió que la falta de infraestructura básica —como rutas y líneas eléctricas— limita seriamente la minería.
Las energías renovables no pueden desarrollarse por falta de líneas de transporte, en el campo crecen los costos de la logística por falta de conservación y estancamiento de la infraestructura.
No es cierto que la infraestructura pueda desarrollarse con capital privado de riesgo; no hay ningún país que haya superado el 15%, de modo que la única solución son las obras públicas, que pueden financiarse a largo plazo para no comprometer nuestro precario equilibrio fiscal.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene activos por US$ 60.000 millones. Sería perfectamente posible usarlo en garantía de inversiones en infraestructura financiadas a largo plazo, como cualquier fondo de garantía, tanto para obras con capital de riesgo como para obras financiadas con repago a largo plazo.
Es cierto que para eso se requiere una ley, pero más allá de la incertidumbre de la política, creemos que siempre que haya un programa de infraestructura y desarrollo la aprobación será posible.
Argentina está ante un dilema de época: sostener el orden fiscal sin condenar la producción, ni las nuevas inversiones, ni el crecimiento. En última instancia, se trata de imaginar un modelo en el que la infraestructura deje de ser la variable de ajuste y se convierta en la arquitectura del desarrollo.
Porque los países no se transforman con equilibrios contables sino con decisiones de largo plazo, donde el Estado no desaparece, sino que se reorganiza para construir futuro. Esa es la discusión que nos debemos.