La justicia de Estados Unidos acaba de ordenar que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera por parte de la expresidente Cristina Kirchner.
En este sentido, se renovó la polémica sobre cómo se llegó a este escenario, debido a que, en este juicio, Argentina fue condenada a pagar u$s16.100 millones.
Los antecedentes de YPF que derivaron en un juicio multimillonario
En 2008, la petrolera estaba en manos de la empresa española Repsol, cuando Petersen Energía, una sociedad conformada en España, recibió un préstamo de u$s1.018 millones de un grupo de bancos integrado por, y otro de 1.015 millones de Repsol para adquirir
Para abonarlo, Repsol le permitió que fuera usando las propias utilidades de la petrolera. En 2011, la familia Eskenazi, dueña de Petersen, tomó otros u$s670 millones de un consorcio formado por y una suma igual de Repsol para adquirir otro 10% de la petrolera.
En todos los casos, los créditos se abonarían con las utilidades generadas por YPF. Al estatizar Cristina Kirchner, la empresa, los bancos declararon el «default» sobre el pago del préstamo.
Los Eskenazi ya habían pagado casi la totalidad del primer crédito y parte del segundo. Sin embargo, por el formato del contrato, los bancos se quedarían con la totalidad de su tenencia accionaria. Entonces, Petersen Energía solicitó la quiebra en España. Y allí apareció el fondo Burford, que compró los derechos para litigar en 15 millones de euros.
El liquidador español de la quiebra aceptó, pero a cambio se reservó el 30% de lo que reciba Burford como compensación.
La posición del Grupo Petersen ante el caso YPF
El Grupo Petersen ingresó como accionista de YPF con una operación entre socios privados que respondió a parámetros de mercado y para cuya ejecución logró el apoyo financiero de bancos internacionales de primer nivel.
Dicha operación fue acordada con Repsol SA, entonces accionista mayoritario de YPF SA, e incluyó la adquisición por parte del Grupo Petersen del 25 por ciento del capital social de YPF SA en dos tramos, uno inicial del 14,9% y una ampliación posterior con la compra de un 10,1% adicional.
La totalidad de la operación cumplió con todos los requisitos de transparencia y regulación exigidos por los organismos de control de la Argentina (CNV), España (CNMV) y Estados Unidos (SEC); se trata de información pública que sigue estando disponible para su consulta.
La ingeniería financiera para el ingreso del Grupo Petersen en YPF demandó más de un año de negociaciones y para el primer tramo se realizó con un préstamo de u$s1.018 millones de un pool de bancos integrado por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de US$ 1.015 millones de Repsol a través del denominado «vendor’s loan» (préstamos de vendedor), una modalidad habitual en operaciones de esta magnitud.
Para el segundo tramo (2011) se tomó un crédito por u$s670 millones de un consorcio formado por Banco Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citi, y una suma igual de Repsol.
Todas las informaciones referidas al uso de los «fondos de Santa Cruz» y la hipotética relación con el ingreso del Grupo Petersen como accionista de YPF son absolutamente disparatadas, falaces y carentes de todo fundamento.
El millonario juicio contra YPF
El ingreso del Grupo Petersen en YPF se realizó a través de 2 sociedades creadas y radicadas en España (condición establecida por los prestamistas). Esas 2 sociedades son Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Luego de la toma de control de YPF SA por parte del Estado Nacional, Petersen Energía SA y Petersen Energía Inversora SA se desprendieron de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF SA.
Las 2 sociedades Petersen fueron concursadas y se inicia un proceso de liquidación en la justicia comercial española (Juzgado Mercantil Nº 3), que designa un administrador concursal. Em este punto, el administrador concursal argumenta que al expropiarle a Repsol su 51 por ciento en YPF, el Estado argentino debió haber lanzado una Oferta Pública (OPA) por el 100 de la compañía, según indican los estatutos de la empresa, algo que no pasó.
Por lo tanto, resalta que las 2 sociedades Petersen deberían haber recibido una oferta por su 25 por ciento, lo que no sucedió, y por lo tanto tienen derecho a litigar contra el Estado argentino porque se vieron perjudicadas económicamente.
Cabe mencionar que el Grupo Petersen renunció expresamente a ese derecho a litigar contra el Estado argentino. No inició el juicio, ni le vendió los derechos a Burford. Es totalmente ajeno a la demanda. Fue la justicia española, que administra la quiebra, la que remató/subastó esos derechos a litigar, los que fueron adquiridos por Burford, el mismo fondo que ganó el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas.
En otras palabras, Burford compró a la justicia española la quiebra y con esta todos los derechos a litigar contra la Argentina y presentó en 2015 la demanda en los tribunales de Nueva York, el cual fue aceptado debido a que las acciones de YPF cotizan en Wall Street. El 9/4/15, cuando se conoció la noticia de la demanda presentada por Burford el día anterior, y ante informaciones erróneas que comenzaron a difundirse, el Grupo Petersen emitió un comunicado de prensa aclarando que está totalmente al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial vinculado con YPF.