El inminente rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia de todos los recursos judiciales presentados por Cristina Kirchner en la causa Vialidad y la posible confirmación de su condena generó que el círculo íntimo de la ex presidenta activara algunos movimientos internacionales para tratar de conseguir apoyos en su favor.
Uno de los primeros recursos fue recurrir al equipo del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de quien esperan alguna declaración. También de Jean-Luc Mélenchon, uno de los líderes de la coalición política de izquierdas del llamada Nuevo Frente Popular y de los latinoamericanos, que coincidieron con el kirchnerismo en el poder. También se evalúa si es posible algún recurso internacional, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los impulsores es el diputado Leopoldo Moreau que trabaja junto al Instituto Patria, el bunker donde se refugia Cristina Kirchner.
Son todos caminos posibles, pero difíciles y de poco impacto para lo que sería el pronunciamiento del máximo tribunal de Justicia de la Argentina. Por ahora, los apoyos internacionales explícitos provienen de figuras de la izquierda latinoamericana aunada en el llamado Grupo de Puebla. Personalidades conocidas a nivel regional, pero actualmente sin poder. A su vez, la comparación con el ex mandatario brasileño, de que fueron perseguidos políticos, los lleva al terreno de los parecidos, pero no son iguales.
Lula fue encarcelado en 2018 por causas de corrupción en el marco de la llamada Operación Lava Jato y en noviembre de 2019, tras pasar 580 días en prisión y no poder participar en las elecciones presidenciales del año anterior, fue el Supremo Tribunal Federal (STF) – la máxima instancia como la Corte Suprema argentina-, la que revocó sus condenas.
El STF entendió que no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro. Este magistrado fue nombrado posteriormente Ministro de Justicia del ganador de los comicios en 2018, Jair Bolsonaro, en un gesto que fue considerado escandaloso por su relación con el juzgamiento a Da Silva. No es comparable el proceso entonces con el de Cristina.
En estas horas, hay quienes echaron a rodar la idea de que hasta se habló con Brasil por un posible asilo de la ex mandataria, pero en el círculo de Cristina lo consideran “un delirio”, por cuestiones políticas y familiares. La ex mandataria no se separaría ni de su hija ni de su nieta Helenita.
El comunicado de Puebla
Con firmas como las del propio Alberto Fernández, por Argentina, y la de otros ex presidentes como Rafael Correa, de Ecuador; Ernesto Samper, de Colombia y el ex jefe del gobierno de España, José Luís Rodríguez, además del juez Baltazar Garzón, el llamado Grupo de Puebla, que es continuación política del Foro de San Pablo denunció que existe “frontalmente el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política” contra la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista. Consideraron como caso que se “consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad”.
El comunicado conversado entre el diputado Eduardo Valdés y el senador Oscar Parrilli con el timón de Puebla que fue y sigue siendo el dirigente chileno Marco Enrique Ominami tiene varios puntos a resaltar. Uno de ellos es que no resalta por primera vez el llamado Lawfare, figura muy utilizada hoy también por la derecha como el caso de Jair Bolsonaro ante sus causas judiciales a las que considera motivadas por la política como en otro momento lo señalaban Cristina, Lula, Rafael Correa y Evo Morales en Bolivia. Por otro lado, precisamente no lo firman figuran en ejercicio del poder, como el mismo Lula o Dilma Rousseff, hoy a cargo de los BRICS.
🌐 El Grupo de Puebla brinda contundente respaldo internacional a Cristina Kirchner y advierte que en «Argentina vuelven las proscripciones políticas a inocentes» ⚠️ 📢 ✔️@ProgresaLatam https://t.co/LFPHMMqpxw
— AgenciadelPlata10 (@AgenciadelP) June 9, 2025
Ello no significa sin embargo que Lula no pueda solidarizarse. Celso Amorim, ex canciller y ex ministro de Defensa, asesor internacional de Lula por fuera de las esfera de Itamaraty, que comanda el ministro Mauro Vieira se comunicó en las últimas horas con Parrilli y hablaron de la situación en Argentina, que superó la órbita del caso Cristina.
En la conversación, según supo Clarín se evaluó la detención del dirigente social Juan Grabois como un hecho de “aumento de la violencia estatal” en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, y consideraron llevar a Lula, su preocupación para que pudiera haber alguna expresión del mandatario. El jefe de Estado no fue quien habló con los dirigentes kirchneristas, y su círculo afirmó tajante “está de viaje”, por su gira en Francia.
En 2022, en redes escribió cuando la mandataria fue condenada y el PT se lo pedía. “Mi solidaridad con el vicepresidente de Argentina @CFKArgentina. Vi su declaración de que es víctima de guerra jurídica y sabemos muy bien aquí en Brasil cuánto daño puede causar esta práctica a la democracia. Espero una justicia imparcial e independiente para todos y para el pueblo argentino. “
Pero todos saben que en su momento Lula estuvo molesto por el silencio de Cristina ante sus propias desgracias y que fue Alberto Fernández quien encabezó el llamado Lula Libre. Lo fue a visitar y no dudó en pronunciarse todas las veces que pudo. Se vieron varias veces. Y cuando Lula vino a la Argentina con Alberto F siendo presidente, no se hizo un espacio para visitar a su ex colega.
En enero de 2023, Lula vino a una cumbre de la CELAC y como Cristina Kirchner estaba en plena pelea con Alberto, y no hizo señales de ir a ver al mandatario al hotel donde se hospedaba, se fue sin verla. “No hay tiempo”, señalaban y tras 50 horas en la Argentina se fue a Uruguay a visitar al ahora fallecido José “Pepe” Mujica.
Ahora, en Brasil a Celso Amorim se le escuchó decir que Lula y Cristina Kircher son amigos. Habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte para escuchar el de Lula.
Ahora, los abogados de Cristina podría hacer una presentación en la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos como en la Comisión de Derechos Humanos, ambas esferas dentro de la OEA, donde el kirchnerismo colocó dirigentes propios como Valeria Gómez, en la primera y Andrea Pochak en la Segunda. Ambas zafaronianas. Ambas se tendrían que excusar por ser argentinas.
Sin embargo, la defensa de la ex presidenta debería probar que hubo denegación de justicia, o algo por el estilo, algo muy difícil y que puede llevar tiempo para resolver, entre otras cosas porque fue condenada en distintas instancias.