El liberalismo económico ha permitido la movilidad social y la mejora constante en la calidad de vida de las personas. En países donde no se aplica, persisten la miseria y los conflictos sociales.
Los sindicatos suelen atribuirse méritos propios por resultados del capitalismo, como la generación de empleo, la competitividad y el alza de los salarios.
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Sin embargo, los frutos del capitalismo ya eran evidentes en el siglo XIX, mientras que los sindicatos surgieron en las primeras décadas del siglo XX.
Los salarios aumentaron debido a la competencia entre empresas y la acumulación de capital derivada del ánimo de lucro, es decir, mediante el incremento de la riqueza en la sociedad.
Esto no se logra por decreto ni por presión sindical, sino por las instituciones e ideas liberales.
El mito de la protección laboral
Los sindicatos han creado el mito de que son la única garantía de protección laboral. En Free to Choose, el ganador del premio Nobel de economía Milton Friedman argumenta que reducir el Estado al mínimo y desregular la economía promueve la inversión, el empleo y la competitividad.
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Un trabajador está protegido cuando tiene opciones. Por ejemplo, desregular la construcción generaría más inversión y empleo para albañiles.
La mayor cantidad de OPCIONES laborales son garantía de protección laboral, como sucede en sectores con mayor formación, (como la ingeniería), donde los trabajadores tienen más opciones y salarios más altos debido a su competitividad, lo que explica la menor penetración sindical en estos ámbitos.
Para Hayek, los sindicatos benefician a unos pocos privilegiados, generalmente empleados con contratos estables, mientras excluyen a otros, como los desempleados, al impedir que los salarios se ajusten a la realidad del mercado.
Esto demuestra que su solidaridad con todos los trabajadores no es genuina.
El mito de los salarios mínimos
Los salarios mínimos obstaculizan la contratación de nuevos trabajadores y la inserción de personas al mercado laboral, excluyendo a los más vulnerables: pobres, jóvenes y menos formados.
Javier Milei ha ironizado: “Si aumentar los salarios mínimos reduce la pobreza, ¿por qué ser tacaños?.
Aumentémoslo a 10,000 USD, o mejor a 100,000 USD, ¡y así terminamos con la pobreza!”.
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Friedrich Hayek postuló que una economía próspera depende de la competitividad de los precios para coordinar los esfuerzos individuales.
Los salarios mínimos distorsionan este equilibrio, impidiendo que los salarios reflejen la escasez relativa de las capacidades.
Desregular los salarios mínimos no condena a la pobreza; al contrario, elimina la informalidad y ofrece oportunidades de crecimiento personal, progreso y en muchos casos, formación.
La mayoría de las personas de clase media y alta comienzan desde abajo, algo que la retórica de izquierda nunca va a fomentar, perpetuando la idea de clases sociales inamovibles y alimentando el resentimiento y la envidia, lejos de promover el mérito y el trabajo.
Tal como dijo Ronald Reagan, “no hay mejor plan social que un trabajo”, una realidad tanto económica como psicológica.
Recientemente, el ministro socialdemócrata Oddone propuso desindexar los salarios de las decisiones del Consejo de Salarios, pero la propuesta fue rápidamente desactivada por el ministro de Trabajo y líder del partido comunista, Castillo, junto al subsecretario de Presidencia, Sánchez.
El mito de la representatividad sindical en Uruguay
Según el INE, en Uruguay hay aproximadamente 1,700,000 ocupados, de los cuales 1,200,000 son asalariados permanentes.
De estos, unos 300,000 son empleados públicos, y alrededor del 21,2% (360,000 trabajadores) están en la informalidad.
Por otro lado, poco más de 300,000 son afiliados al PIT-CNT, de los cuales más del 80% son empleados públicos.
Esto significa que, en Uruguay, lo que ha generado esta mafia sindical y oligopólica es que por cada trabajador afiliado al sindicato (y con su empleo garantizado), hay por lo menos otro uruguayo fuera del sistema, sin protección.
Los sindicatos en Uruguay actúan presionando a los trabajadores para afiliarse, asegurándose privilegios y puestos de trabajo.
Mientras predican la lucha por el trabajador empobrecido, sus líderes disfrutan de vacaciones en lugares exclusivos como José Ignacio o aparecen en las noticias por escándalos, como chocar autos de lujo en Punta Carretas.
Un ejemplo notorio fue el caso de Molina, coordinador de SUTEL, quien criticó al presidente por proponer donar el 20% del salario de empleados públicos de alto cargo durante 3 meses, mostrando su hipocresía cuando se tocaron sus intereses.
Operan como una verdadera mafia, con una influencia enquistada en el Estado y conexiones en los medios de comunicación.
Prueba de ello es el escándalo de los 900 mil dólares, un caso aún opaco, donde se desconoce quiénes son los responsables y qué sucedió realmente.
El mito del rol de los sindicatos en Uruguay
En Uruguay, el concepto del rol de los sindicatos se ha deformado completamente.
Incluso creo que hasta José Batlle y Ordóñez estarían en desacuerdo con lo que hoy se entiende como representación laboral.
El PIT-CNT está dominado por el partido comunista, y los uruguayos han naturalizado que los sindicatos participen en discusiones que no les corresponden.
Un ejemplo claro ocurrió durante la pandemia, cuando la izquierda mostró su faceta autoritaria al apoyar una cuarentena obligatoria.
El gobierno, en cambio, optó por la “libertad responsable”. En redes, Diego Delgrosi defendió esta última postura, mientras que Óscar Andrade afirmó que “la ciencia” apoyaba la cuarentena obligatoria, citando a sociedades médicas asociadas al SMU.
Sin embargo, al día siguiente, la Academia Nacional de Medicina respaldó las medidas del gobierno y desaconsejó la cuarentena obligatoria.
La función principal de un sindicato es representar al trabajador, no tomar decisiones técnicas.
Para ello existen instituciones especializadas, como la Academia Nacional de Medicina, donde el mérito y la experiencia se evalúan objetivamente.
En Uruguay, sin embargo, los sindicatos intervienen en áreas que no les competen, como sucede con FENAPES, que criticó a Robert Silva por no considerar a los docentes en decisiones técnicas.
Este error conceptual persiste y parece que continuará por varios años más.
En definitiva, los sindicatos, lejos de ser los garantes de la protección laboral y el progreso social, han perpetuado mitos que distorsionan su verdadero rol. Se ha transformado en una mafia que interviene en el mercado laboral excluyendo a los más vulnerables.
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Benefician a una minoría privilegiada, principalmente empleados públicos, mientras dejan fuera del sistema a miles de trabajadores informales, provocan el éxodo de empresas y cohíben la inversión y emprendimientos.
Se dedican a participar en áreas que no les competen, y manifiestan hipocresía al defender privilegios mientras predican igualdad.
Es necesario promover políticas que fomenten la libertad económica, la competitividad y las oportunidades reales para todos los trabajadores.
Como bien dijo Ronald Reagan, “no hay mejor plan social que un trabajo”, y es hora de que de que Uruguay abrace esta verdad.