El diputado Miguel Roca arremetió contra el gobierno por la crisis de combustible que atraviesa el país. Aseguró que el MAS se niega a liberar la importación para ocultar un saqueo de dos décadas. Según Roca, las recientes declaraciones de las autoridades confirman que no hay dólares ni diésel suficiente.
Roca cuestionó la reunión del gobierno con un solo dirigente minero. Criticó que no invitaran a representantes del transporte ni de los sectores productivos. Afirmó que solo dialogan con sus aliados políticos, esto demuestra que el gobierno oculta la verdadera magnitud del problema.
El diputado reveló que hizo cotizaciones en el mercado internacional, de acuerdo con esto el diésel que escasea en el país cuesta alrededor de 480 dólares por tonelada. Esto equivale a menos de medio dólar por litro al tipo de cambio oficial. Con estos datos, desmintió que el gobierno subsidie el combustible a los niveles que asegura.
Roca afirmó que el único subsidio real es al transporte del diésel. Denunció que el gobierno gasta 1.800 millones de dólares del Tesoro General de la Nación en sobreprecios. Sostuvo que las cifras oficiales no cuadran y que el monopolio estatal solo sirve para ocultar la corrupción del masismo, la importación estatal está marcada por compras con sobreprecio y sobrevolumen.
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Respecto a las declaraciones de la ministra Marianela Prada, Roca fue tajante. Señaló que admitir la falta créditos para importar diésel es una confesión de delito. Afirmó que los préstamos que el gobierno solicita son para la compra de combustible, se desvían los créditos destinados a carreteras para pagar el diésel y ocultar su mala administración.
Para Roca, la solución del gobierno es una falsa dicotomía. Dijo que no es necesario aprobar créditos ni pagar precios internacionales. Propuso que Bolivia obtenga crédito de los proveedores, como se hace en el comercio global, no usar financiamiento para carreteras en la compra de diésel.
El diputado planteó una solución clara, primero, liberar la importación, transporte y distribución de combustibles. Luego, eliminar impuestos en toda la cadena de comercialización. Posteriormente, sacar a los carburantes de la lista de sustancias controladas de la Ley 1008.
El pedido de Roca coincide con el de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex). Su presidente, Oswaldo Barriga, exigió la liberación de la importación y comercialización del diésel, porque estas afectan la producción y limitan las exportaciones. Aseguró que sin combustible, el país no puede generar dólares.
¿El masismo necesita bloquear la importación?
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La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también se pronunció. Su presidente, Klaus Frerking, alertó sobre la escasez de diésel en Santa Cruz. Dijo que solo llegan 700.000 litros diarios, cuando se necesitan 3,3 millones, advirtió que esto elevará los precios de los alimentos y golpeará a toda la economía.
Frerking criticó la propuesta del gobierno de vender diésel a precio internacional porque esto hará inviable la producción agrícola. También señaló que el costo del diésel impactará en toda la cadena de suministro. Advirtió que la crisis alimentaria se profundizará si no se toman medidas urgentes.
La economista Estela Nava respaldó la idea de liberar la importación de combustibles, dado que la medida permitiría estabilizar el mercado y atraer divisas. Según ella, los efectos positivos se verían en abril o mayo, cuando los productores puedan exportar. También pidió seguridad jurídica para las empresas interesadas en invertir en Bolivia.
El régimen, por su parte, insiste en su estrategia de venta a precio internacional. El viceministro Adams Hurtado explicó que esto permitirá liberar volúmenes para el mercado interno y garantizar el abastecimiento sin depender de créditos. Según él, esta propuesta fue bien recibida por el sector minero.
Hurtado aseguró que el gobierno mantiene el diálogo con los sectores productivos. También dijo que la deuda externa limita la capacidad de importar combustibles. Sostuvo que Bolivia ha pagado más en servicio de deuda que lo que ha recibido en nuevos créditos, y garantizó que YPFB abastecerá el mercado.
Mientras el gobierno defiende su modelo de importación estatal, los sectores productivos exigen la liberación del mercado. Roca y otros líderes advierten que la falta de cambios profundizará la crisis económica. La negativa a liberar la importación de combustibles podría estar protegiendo a quienes han lucrado con el sistema actual durante años