El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó que los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla «están designados en comisión» y dijo que esa «es la decisión» de Javier Milei, a la vez que indicó que «no hay mucho más que aclarar».
«Los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del presidente y es lo que está ocurriendo y se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así. No hay mucho más para aclarar, después de un año que el Senado teniendo pliegos de dos personas, que cumplían con los requisitos técnicos y de idoneidad, no han logrado avanzar y, por supuesto, está dentro de las atribuciones constitucionales del Presidente, está de más aclararlo», expresó.
Manuel Adorni defiende la designación de jueces en comisión tras la falta de avance en el Senado
Además, dijo: «Nosotros lo hemos dicho siempre: la instancia de nombrar jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la Justicia podía tener algún tipo de inconveniente en su funcionamiento y entendemos también que prácticamente ha pasado un año desde la presentación de los pliegos y que, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe efectivamente los pliegos o que le dé curso a los pliegos, lo cual nos apena mucho y entendemos que, efectivamente, era el momento de nombrarlos en comisión, en tanto y en cuanto dure el período legislativo ordinario«.
«El resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de la Cámara de Senadores, no entendiendo bien las razones… habiendo cumplido con los requisitos técnicos y de idoneidad que haya ocurrido lo que ocurrió, porque, en definitiva, no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas y de idoneidad, las cuales están cumplidas de sobremanera por ambos», aseveró.
Además, dijo: «De hecho uno de los dos llegó a tener dictamen. Así que, simplemente es la decisión del Presidente de avanzar y de que la Justicia sea, en el caso de la Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, por supuesto, de tener a todos sus miembros después de un año sin que esto avance como corresponde en el Senado. Así que, veremos cómo se siguen desenvolviendo los hechos. No hay mucho más para… no hay futurología para hacer acá».
Cómo reaccionará la Corte Suprema, ante la llegada de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla
Si juran y son puestos en funciones, integrarán la Corte hasta el final del año legislativo, noviembre de 2025, y tendrán que irse si no logran el aval del Senado.
Todo indica que el máximo Tribunal aceptaría tomarles juramento y se daría la foto de una Corte con cinco miembros el sábado 1 de marzo, en la apertura del período ordinario de sesiones parlamentarias.
La decisión del presidente Javier Milei genera más preguntas que respuestas. ¿Aceptarán Lijo y García Mansilla la designación sin esperar el aval del Senado?
Desde distintos sectores vinculados al juez Lijo, anticipan su decisión de aceptar. Su cargo estará asegurado hasta el 30 de noviembre y solo podrá seguir si obtiene el aval del Senado. De hecho, pedirá de inmediato una licencia extraordinaria sin goce de sueldo a su cargo como juez titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py 2002, al que llegó por concurso hace dos décadas.
Y aquí entrarán en juego los vericuetos de los procedimientos judiciales. Para asumir en la Corte en comisión, el pedido de licencia será cursado al presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, quien con aval de sus pares lo debe girar a la Corte.
El máximo tribunal tendrá la última palabra y son necesarios dos votos: hay jurisprudencia que sostiene que para aspirar a un cargo jerárquicamente superior, debe renunciarse al que se tiene al momento del nombramiento.
Renunciar para ir a la Corte en comisión se perfila como imposible en el panorama de opciones del magistrado que toda su vida se desempeñó en tribunales, desde que entró como meritorio en su juventud.
Si no se le concediera la licencia, el juez optaría por seguir en su despacho en Comodoro Py y aguardar el acuerdo del Senado.
La situación de García Mansilla es diferente: se desempeña en el ámbito privado, por lo cual podría tomar una decisión al respecto con mayor facilidad y se le tomaría juramento aun a riesgo de tener que vaciar su escritorio en noviembre.
Sin embargo, el abogado se enfrenta al archivo periodístico: ante la Comisión de Acuerdos del Senado dijo que él no hubiera aceptado un nombramiento en comisión, en alusión a lo ocurrido con los dos actuales miembros de la Corte durante el macrismo.
«Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones», dijo.
Se refería al nombramiento por decreto en el macrismo de Rosatti y Rosenkrantz. Ambos fueron designados en comisión por el expresidente Mauricio Macri en diciembre de 2015.
Pero ante los cuestionamientos a esa decisión, esperaron y recién juraron en sus cargos meses más tarde, cuando obtuvieron el acuerdo del Senado Nacional. Eligieron armarse de paciencia y pasar a la historia con un juramento que comenzara con la frase «Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación…».
El decreto podría también judicializarse. Y al respecto, desde diferentes sectores ya anticiparon el rechazo a la decisión presidencial. En ese sentido, interpretan que el artículo 99 no es una habilitación al Poder Ejecutivo para nombrar por decreto cuando no se consiguen los votos en el Senado.
También se cuestiona el argumento que alude a la imposibilidad de funcionamiento de la Corte con tres miembros, para ello está el sistema de designación de conjueces, acotan.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, salió ya al cruce de las designaciones. «La decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un grave retroceso institucional, afecta seriamente la independencia judicial, y significa desconocer los fundamentos que dan facultad al presidente para designar durante el receso», advirtió.