En un hecho sin precedentes en la historia política de Estados Unidos, Donald Trump, presidente electo y próximo a asumir su segundo mandato el 20 de enero de 2025, recibió el viernes 10 de enero una sentencia simbólica en el caso relacionado con la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels.
El juez de colombiano Juan Merchán, del Tribunal de Distrito de Manhattan, dictó una condena que, aunque no implica cárcel, multa ni libertad condicional, marca un hito al convertir a Trump en el primer mandatario estadounidense con una condena penal en su haber.
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El caso, que ha captado la atención internacional, se centra en el pago de 130.000 dólares realizado en 2016 a Stormy Daniels, presuntamente para silenciar una relación extramatrimonial que habría ocurrido una década antes.
El dinero fue registrado como gastos legales en los libros contables de la organización de Trump, lo que llevó a un jurado popular a declararlo culpable en mayo de 2024 por 34 cargos de falsificación contable.
La sentencia, sin embargo, fue pospuesta en varias ocasiones debido a la complejidad del caso y las implicaciones políticas de la reelección del magnate republicano.
Durante la audiencia, a la que Trump asistió de manera virtual desde Florida, el juez Merchán explicó que la condena consistiría en un “descargo incondicional”, una medida que mantiene la culpabilidad del acusado pero no impone sanciones adicionales.
“Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de una sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto de la tierra, es un descargo incondicional”, afirmó el juez Merchán. Esta decisión busca equilibrar la responsabilidad penal de Trump con su inminente regreso a la Casa Blanca.
El fiscal del caso Joshua Steinglass subrayó la gravedad de los actos de Trump, acusándolo de “participar en una campaña coordinada para socavar” el sistema judicial.
Según el medio, Steinglass destacó que el veredicto del jurado fue “unánime y decisivo” y debía ser respetado, a pesar de los múltiples intentos de la defensa del presidente electo por evitar la sentencia.
La defensa de Trump argumentó que, como presidente electo, debía gozar de inmunidad judicial para evitar lo que calificaron como un “grave daño” a la institución presidencial.
Los abogados del magnate presentaron varios recursos legales, incluyendo una solicitud a la Corte Suprema para detener la sentencia.
Sin embargo, el máximo tribunal, con una mayoría conservadora de seis jueces, rechazó el recurso por un estrecho margen de cinco votos contra cuatro. Este revés marcó el último intento fallido de la defensa para evitar la condena.
El caso también estuvo rodeado de controversias adicionales, como la revelación de una conversación telefónica entre Trump y el magistrado conservador del Tribunal Supremo Samuel Alito, quien votó a favor de suspender la sentencia.
Esta interacción generó preocupaciones sobre la posible influencia del presidente electo en la máxima autoridad judicial del país.
El camino hacia la sentencia estuvo plagado de retrasos y maniobras legales. La condena inicial, prevista para julio de 2024, fue pospuesta en varias ocasiones debido a la decisión de la Corte Suprema de otorgar inmunidad presidencial por actos oficiales.
En septiembre, el juez Merchán volvió a retrasar la audiencia para evitar interferencias con la campaña presidencial de Trump. Finalmente, tras su victoria electoral en noviembre, la sentencia fue programada para el 10 de enero de 2025, apenas diez días antes de su toma de posesión.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, recordó en un escrito que cuando Trump fue acusado y condenado, aún era un ciudadano privado y que los actos por los que fue juzgado no estaban relacionados con sus funciones oficiales. Bragg enfatizó que el caso debía proceder sin interferencias políticas.
Este caso es el único de los cuatro procesos judiciales abiertos contra Trump que ha llegado a una sentencia. Según informó el medio, los otros tres casos, que incluyen acusaciones por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y por la retención de documentos clasificados en su residencia, han quedado en suspenso tras su reelección. Estos procesos, aunque no han avanzado, continúan siendo una sombra sobre el futuro político del presidente electo.
Desde el inicio del proceso, Trump calificó el caso como una “vergüenza para el sistema” judicial. Según el medio, el magnate afirmó que el juicio fue diseñado para dañar su reputación y afectar sus posibilidades electorales, algo que, según él, “obviamente no funcionó”. Durante la audiencia, reiteró su postura, describiendo el proceso como un intento de sabotaje político.