A pocos meses de comenzar la campaña electoral, Javier Milei decidió incorporar una herramienta clásica del poder: las encuestas. Para ello, contrató a más de una docena de consultoras dedicadas al «monitoreo de la gestión y opinión pública».
Según lo publicado en el Boletín Oficial, el gasto total de la Decisión Administrativa 1019/2024 destinado a este servicio supera los 190 millones de pesos.
Entre las encuestadoras contratadas figuran 2R Consultoria, Nucleo Marketing, Isonomia Consultores, The Power of Data, Aurelio, Analía Del Franco, Gustavo Córdoba, Opinaia, Demos, Tinargen y Barda Comunicación.
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Un esquema heredado: continúan las consultoras del peronismo
Un dato llamativo es que algunas de las consultoras vinculadas al gobierno de Alberto Fernández también fueron elegidas en esta nueva etapa. Esto sugiere que, en el pragmatismo libertario, la cercanía ideológica no fue un criterio excluyente para la contratación.
La decisión, sin embargo, no pasa desapercibida en un gobierno que insistió en la necesidad de romper con las prácticas de sus predecesores.
La contratación masiva de encuestadoras también deja entrever un intento de Javier Milei por suplir su escaso armado político. Hasta ahora, la mayoría de los estudios muestran que el presidente logró frenar una caída sostenida en su imagen, con una recuperación del apoyo popular que lo llevó a la Casa Rosada.
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Costos, exclusiones y controversias
Los trabajos incluyen desde encuestas telefónicas por 6 millones de pesos para 500 casos hasta relevamientos presenciales de 40 minutos para 3000 personas, que alcanzan los 90 millones. También se contrataron focus groups de 6 a 8 participantes, con un costo superior a los 1,2 millones de pesos.
Sin embargo, no todas las grandes firmas participaron del proceso. Consultoras reconocidas como Poliarquía, Synopsis, Opina Argentina, Fixxer y Roberto Bacman optaron por no presentarse.
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Además, resultó significativa la exclusión de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, a pesar de que presentó precios competitivos en casi todos los ítems. La casa de estudios impugnó la decisión, pero su queja fue rechazada. Este episodio se inscribe en el marco de la tensión entre Milei, su ministra de Educación, Sandra Pettovello, y las universidades nacionales.
Por último, el esquema contractual contempla una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga por otro semestre. La intención del gobierno parece clara: consolidar la imagen presidencial mientras transita los meses decisivos previos a los comicios.
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