Los casos que aparecieron este año de adolescentes que desnudaron con inteligencia artificial a sus compañeras de colegio expusieron como nunca antes un problema en alza: el del ciberacoso y la difusión de contenido íntimo entre menores. Ahora, en la Ciudad lanzaron un protocolo para prevenir y frenar la violencia digital en las escuelas.
El protocolo, que entró en vigencia este lunes, alcanza a todas las escuelas de gestión pública y privada de la Ciudad.
Deberán implementarlo “ante casos de violencia digital o cualquier acción llevada adelante a través de redes sociales, correos electrónicos, plataformas de mensajería o sitios web con el propósito de acosar, intimidar, humillar, discriminar, difamar o vulnerar los derechos de una persona”.
En el caso de que se detecte algún supuesto caso de violencia digital entre los alumnos, el procedimiento sugiere que la escuela implemente lo que establece la ley que reglamentó el Sistema Escolar de Convivencia y entreviste en primer lugar a los niños o adolescentes involucrados.
El colegio debe resguardar la identidad de los chicos involucrados. Las pautas que puede llegan, según la gravedad del hecho, hasta la separación transitoria del estudiante que hubiera cometido la acción de violencia digital.
Qué dice el protocolo de violencia digital para las escuelas
Ante una situación ocurrida en las redes que pueda afectar el bienestar emocional de los estudiantes, la escuela tendrá que registrar por escrito la situación, detallando lo que dijeron los estudiantes involucrados y también detallando las intervenciones que realizó.
Además, tendrá que entrevistar a los familiares de los chicos en instancias separadas, para informarles de la situación y de las medidas que tomará. Y asesorar a quienes hayan resultado víctimas sobre los canales de comunicación con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.
Las autoridades escolares evaluarán si la conducta amerita una acción restaurativa y/o sancionatoria conforme a lo que preveé el Sistema Escolar de Convivencia y el proyecto escolar.
Y tendrán que promover el marco adecuado para que quienes hayan cometido la acción puedan retornar a la actividad presencial en la escuela, «adoptando las medidas que resulten necesarias para su revinculación con el grupo de alumnos y docentes».
Más allá de las determinaciones que se tomen dentro de la escuela, los directivos estarán obligados a dar aviso a los equipos técnicos «de acuerdo a cada nivel, modalidad y tipo de gestión» y a la supervisión correspondiente, «quien deberá reportar al Ministerio Público Tutelar para que, en caso que corresponda, tome la intervención de su competencia en el marco del Programa de Convivencia Respetuosa Entre Pares». Y en caso de que se verifique o presuma una situación de vulneración de derechos de los involucrados, también tiene que dar intervención al Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El protocolo enfatiza además que la escuela debe «trabajar desde los espacios de participación haciendo hincapié en el buen uso de las redes sociales e internet, en el respeto a la intimidad y en la noción de lo público y lo privado» y «conformar espacios de reflexión que permitan generar acuerdos y compromisos para una mejor convivencia.
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