La Cámara Federal de Apelaciones resolvió este viernes la reapertura del expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner que se concentraba en las inconsistencias en su patrimonio entre 2010 y 2014. El caso había sido archivado por pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Fue la Unidad de Información Financiera (UIF) la que se opuso a esa decisión. Los camaristas ordenaron seguir con la investigación y realizar un peritaje integral del patrimonio de la ex vice.
En este expediente se había denunciado que los plazos fijos y los depósitos en dólares declarados en el año 2014 en el proceso sucesorio tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, «no se condecían con lo informado en la Oficina Anticorrupción desde el fallecimiento de Néstor Kirchner».
En base a ello, la fiscalía explicó que había procedido a constatar las declaraciones juradas, cuyos cierres se efectúan el 31 de diciembre de cada año, con los productos bancarios informados a esa misma fecha y que había advertido que los plazos fijos informados por las entidades financieras se correspondían con los declarados por la imputada en sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción en el período comprendido entre los años 2009 y 2015″.
A raíz de las pruebas que arrojó la pesquisa es que el fiscal Pollicita le solicitió al juez federal, Julián Ercolini, que el caso sea archivado por inexistencia del delito. El magistrado homologó dicho criterio y por eso la UIF fue ante la Cámara Federal porteña, para revertir el cierre del caso.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens al analizar el caso explicaron que no se analizó el presunto delito de enriquecimiento ilícito, porque no fue lo que la UIF apeló en su rol de querellante, sino lo volcado por el fiscal en el dictamen con el que requirió el cierre del caso.
En la resolución con la que el juez Ercolini archivó la investigación, sostuvo que Cristina Kirchner “había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge”.
Pero el argumento fue rechazado por la querella que se refirió a un «simple error porque Cristina Kirchner tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica, lo que se veía convalidado con el incremento de su patrimonio”.
En la resolución de 17 páginas a la que accedió Clarín, los camaristas indicaron la postura de Pollicita, posteriormente homolgada por el juez, «se basa en una evaluación parcial de los elementos probatorios del proceso, desconectada del contexto en el que los sucesos habrían tenido lugar, y que redundan en una conclusión sesgada”.
Indicaron sobre este punto que “las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas, tal como lo sostuvo la parte querellante, y que dicha circunstancia es -de por sí- una manifestación visible del desequilibrio entre el patrimonio real de aquella y lo efectivamente declarado”.
En función de estos primeros argumentos, se señaló que «no sólo debe realizarse un abordaje integral de los sucesos aquí pesquisados, sino de todas aquellas acciones que están siendo investigadas en las demás actuaciones que se siguen en su contra, pues con dicha perspectiva es que se entenderá acabadamente el designio criminal perseguido”.
Consideraron de esta manera, que el archivo del expediente respondió a un «recorte parcial de los eventos se determinó desacertadamente en la resolución bajo análisis que no había evidencia suficiente que permitiera avanzar con el trámite de la pesquisa”.
Por su lado, el camarista Leopoldo Bruglia junto a Bertuzzi, remarcaron que respecto a las sospechas sobre la exteriorizado su patrimonio, tras el fallecimiento del ex presidente, “surgen diversos interrogantes que nos llevarán a revocar el archivo de la causa».
En consecuencia con ese planteo, indicaron: “Advertimos ciertos interrogantes que no han sido dilucidados sobre” el patrimonio de la ex presidenta.
“Concretamente, falta determinar si se trata de bienes gananciales o bienes propios de Néstor Kirchner y, a su vez, la razón por la cual Cristina Fernández los declaraba con anterioridad al año 2012 cuando no estaban registrados a su nombre”.
Diferencias de criterio con el fiscal
Cuando el caso se cerró se indico que de a la declaración jurada patrimonial del año 2011 de Cristina Fernández, de la cual surgía que ella había exteriorizado la titularidad del 50% de los bienes y deudas gananciales que en el marco de la sociedad conyugal poseía junto con Néstor Kirchne.
Por tal motivo, se manifestó que no había existido ninguna inconsistencia en el porcentaje en que se habían declarado los bienes y deudas tras la disolución de la sociedad conyugal, de modo que, “a su criterio, los cuestionamientos introducidos en la denuncia no encuadraban en la figura legal analizada”.
Otro de los puntos cuestionados era la omisión cometida sobre la declaración de bienes inmuebles del acervo hereditario de Néstor Kirchner a partir de la declaración jurada del año 2012. Se explicó que del año 2011 al 2012 se había declarado una casa y un local menos en la localidad de Río Gallegos; un local más y un terreno menos en la localidad de El Calafate; y que había aparecido una propiedad nueva en Río Gallegos de 265 metros de superficie”.
Pese a estas explicaciones y ante la apelación de la UIF, los camaristas consideraron que hay aspectos que “no han sido dilucidados sobre tales bienes”.
Concretamente, expresaron, “falta determinar si se trata de bienes gananciales o bienes propios de Néstor Kirchner y, a su vez, la razón por la cual Cristina Fernández los declaraba con anterioridad al año 2012 cuando no estaban registrados a su nombre, como así también, cuál sería la razón por la cual no los informó -en el porcentaje pertinente- luego de efectuada la declaratoria de herederos”.
Respecto a las diferencias advertidas en los inmuebles ubicados en la localidad de El Calafate, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la propiedad declarada hasta el año 2011 como “terreno” a partir del año 2012 había sido declarada como “local” en la misma localidad, con idéntica nomenclatura y superficie.
“Fue así que estimó justificada la aparición de un local y la exclusión de un terreno a partir de las declaraciones del año 2012 en adelante. No obstante, notamos que no surge que se haya constatado que al momento de ser declarado el nuevo local tuviera incluido el valor del respectivo terreno, por lo que, previo a adoptar cualquier postura al respecto, deberá esclarecerse dicho extremo”, expresaron los jueces.
En relación al inmueble con domicilio en la calle 25 de mayo 255 de Río Gallegos, el acusador público estimó que la diferencia de metros cuadrados declarada se había debido a un error material, puesto que de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción por Cristina Fernández surgía que siempre se había
declarado la misma propiedad.
Sobre esta cuestión, no debe soslayarse la diferencia significativa de metros cuadrados declarada a partir del año 2012, lo que podría impactar, incluso, en el valor asignado a la propiedad.
Esto fue refutado por la Sala que señaló en el fallo que tal circunstancia “deviene relevante a la hora de tomar un temperamento como el aquí analizado, por lo que, más allá de la variación de la superficie, lo determinante en este punto es verificar si hubo alguna variación en el valor declarado”.
El terreno con Lázaro Báez
En lo que hace a la “errónea”, dijo la Cámara de lq exteriorización de un terreno de 87.000m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate, la fiscalía indicó que de la denuncia surgía que desde el año 2008 figuraban como copropietarios Cristina Fernández y Austral Construcciones S.A. del 50% cada uno y que, “pese a ello, la aquí imputada nunca habría declarado el bien a su nombre sino que lo habría hecho a nombre de su cónyuge”.
Ese terreno lo tuvieron en condominio Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El empresario condenado por lavado de dinero, le permutó un terreno a la ex vice para que ampliara su hotel Boutique Los Sauces Casa Patagónica y a cambio ella le otorgó el 50% de un terreno valuado en 2016 en 14.700.000 pesos.
Se indicó desde la fiscalía que si bien el inmueble cuestionado había sido exteriorizado como titularidad de Néstor Kirchner cuando correspondía que fuera declarado a nombre de Fernández, lo cierto era que había sido declarado ante la Oficina Anticorrupción en el porcentaje correcto.
Una vez más, los camaristas se opusieron a ese criterio: “nos encontramos con ciertos aspectos que no se presentan de manera completamente clara. Mas allá de la fecha en que habría sido adquirido el terreno, deviene necesario determinar si se trata de un bien ganancial o si es un bien propio de la imputada y, a su vez, la razón por la cual ella declaraba en su propia declaración jurada patrimonial un bien a nombre de otra persona”.
Decisión y pedido
Bajo este panorama, señalaron los camaristas, “luce conducente el pedido efectuado por la parte querellante al evidenciarse ciertas cuestiones que requieren el análisis y explicación de un profesional de ciencias económicas”.
Por tal motivo, procedieron a revocar la resolución en todo “cuanto ha sido materia de recurso, debiendo el magistrado de grado ordenar la realización de un peritaje contable estableciendo -más allá de las dudas
detalladas en este decisorio- los puntos de pericia que estime pertinentes, a fin de que un profesional en la materia,
proveído de toda la documentación necesaria (declaraciones juradas, escrituras de inmuebles, copias del juicio
sucesorio, etc.)”.
En tal sentido, se pidió que se “proceda a echar luz sobre las inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas aquí denunciadas y, en su caso, determinar las consecuencias impositivas que podrían traer aparejadas”.
Por su lado el camarista Mariano Llorens pido que Crisis Kirchner sea indagada por el delito de enriquecimiento ilícito.