Las denuncias de corrupción, robo, entre otros delitos, dentro de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia son el pan de cada día en Perú. En los últimos meses, se han documentado numerosos casos en los que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han visto involucrados en prácticas como el cobro de coimas, el despojo de pertenencias durante intervenciones y el abuso de poder cuando hay personas heridas.
Estas situaciones han socavado la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, lo que recientemente ha conmocionado a la opinión pública es la implicación de una fiscal en un acto de hurto, un comportamiento que resulta aún más grave considerando su rol en el sistema judicial.
Se trata de la fiscal provincial Karla Salazar Gómez, quien pertenece a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura.
Ella fue detenida en el aeropuerto Guillermo Concha Ibérico, tras ser acusada de apropiarse de un morral encontrado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao.
Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Salazar fue identificada como la persona que, al parecer, tomó el morral que contenía 2000 soles y dos teléfonos móviles de alta gama, objetos que pertenecían a otro pasajero.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la fiscal fue intervenida cuando descendía de un vuelo. En su poder se encontraba el morral y los objetos mencionados, lo que llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones pertinentes. Este incidente no solo pone en duda la integridad de Salazar, sino que también plantea serias interrogantes sobre la conducta de aquellos encargados de impartir justicia.
Actualmente, la fiscal se encuentra detenida en la carceleta de la comisaría del aeropuerto, a la espera de ser puesta a disposición del Ministerio Público para que se lleve a cabo el proceso judicial correspondiente.
Solo hace unos días, el portal oficial del Ministerio Público dio cuenta que la fiscal adjunta provincial Karla Salazar Gómez consiguió que sentencien con 12 años de prisión efectiva a una imputada de 33 años, al ser encontrada culpable del delito de robo agravado.
La ahora acusada de hurto sustentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de la acusada en los hechos ocurridos el 11 de mayo de 2019. Según las investigaciones, la sentenciada solicitó un servicio de moto lineal en los exteriores del centro comercial Plaza La Luna, solicitando al conductor que la traslade a una zona descampada del asentamiento humano Micaela Bastidas.
En el lugar, dos cómplices esperaban en otra motocicleta para consumar el delito, para lo cual amenazaron al conductor con armas de fuego, robándole su motocicleta y escapando junto a la sentenciada.
Durante el juicio, la fiscal presentó pruebas contundentes, incluyendo la declaración del agraviado, testimonios de los policías que intervinieron en el caso, vídeos de cámaras de seguridad proporcionados por la Municipalidad de Piura, dictámenes de identificación facial e Identifac, realizados por el agraviado y la División de Investigación Criminal (Divincri), que confirmaron la participación de la acusada.
El juzgado también ordenó que la sentenciada pague S/ 800 como reparación civil al agraviado, quien logró recuperar su vehículo tras el robo. Además, se emitieron los oficios para la búsqueda, ubicación y captura de la sentenciada quien, una vez ubicada e intervenida, será trasladada al penal de mujeres para cumplir su pena.