Los abogados de Lucía Cassiau pidieron que se impute a su expareja y se reconozca la figura de «delito continuado».
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Lucía Cassiau denunció a Néstor Ortigoza por violencia de género.
Los abogados de Lucia Cassiau, expareja de Néstor Ortigoza que lo denunció por violencia de género, pidieron que el vocal de San Lorenzo sea citado a indagatoria, al considerarlo un «delito continuado». La investigación es llevada a cabo por la fiscal María Lorena González de la UFI N°3 descentralizada de Ezeiza.
A su vez, los defensores de la víctima venían preparando una medida cautelar para que se le prohíba al exfutbolista salir del país por una deuda de más de un millón y medio de pesos en la cuota alimentaria.
Este lunes, los abogados Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe pidieron a través de un escrito a la fiscal González la imputación formal del acusado por el presunto delito continuado de violencia de género.
Los argumentos de la defensa para pedir la indagatoria de Néstor Ortigoza.
Según defendieron los letrados, el exfutbolista habría ejercido actos reiterados de violencia física y psicológica hacia Cassia, por lo que se entiende un patrón sistemático que se extendió desde al menos 2015 hasta el momento de la denuncia formal.
En su presentación, los defensores sostienen que los actos de violencia cometidos por Ortigoza cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 54 del Código Penal para ser considerados un delito continuado. «Las agresiones responden a una resolución criminal única, caracterizada por un patrón de control y sometimiento dentro de la relación de pareja», argumentaron.
«La violencia física y psicológica ejercida contra nuestra representada no constituye hechos aislados, sino una continuidad de conductas ilícitas que afectan su integridad física y emocional, vulnerando derechos fundamentales reconocidos por la legislación nacional e internacional”, insistieron.
Es en base a estos argumentos que solicitaron que Ortigoza se presente a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, ya que las pruebas recolectadas, que incluyen material audiovisual, testimonios y denuncias previa, son suficientes para sostener su imputación.