La Argentina ha participado de manera activa en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc) en 1992 y ha generado importantes contribuciones en la materia. Ha sido activa en plantear las emisiones diferenciales que los sistemas agrícolas y ganaderos presentan en relación a otros realizados en otras partes del mundo. Ha sido una firme defensora de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas y en base a ello en el reclamo de financiamiento para apoyar los compromisos nacionales de mitigación y adaptación a los efectos negativos del cambio climático.
A pesar de que Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), un órgano intergubernamental que evalúa el cambio climático, conformado por países miembros de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial, ha indicado que la actividad humana es la principal causa del calentamiento global, durante el debate presidencial el actual presidente Javier Milei aseguró que “todas las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas”.
A pesar de esta aseveración, contraria a los acuerdos científicos internacionales, el Poder Ejecutivo Nacional a su cargo aseguró en la COP28 (realizada en 2023 en Emiratos Árabes Unidos), que la Argentina seguiría respetando los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Congreso de la Nación.
Durante 2024, el Poder Ejecutivo Nacional realizó avances moderados en la implementación de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que incluye, entre otros el objetivo de crear y asegurar las funciones del Gabinete Nacional de Cambio Climático. El 7 de noviembre de este año tuvo lugar la mesa ampliada de este gabinete en la que las autoridades y equipo técnico de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación presentaron los avances y documentos que acompañarían a la delegación argentina en la COP29, realizada del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán.
Acorde a la política de “déficit cero”, una sólida pero reducida delegación de experimentados funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y de la Cancillería, viajaron a ese país para representar los intereses nacionales. Los acompañaron técnicos y referentes de diversas organizaciones nacionales en calidad de observadores. Pero lamentablemente, al segundo día de iniciadas las negociaciones y sin mediar justificación, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó el retiro de la delegación argentina.
Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productora y las exportaciones. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación. La decisión también implicó que muchos observadores argentinos que contaban con acreditación de la Cancillería perdieran su calidad de acreditados y tuvieran que sortear procesos burocráticos para poder seguir participando de la COP 29.
La decisión adoptada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional.
Por ello, el 18 de noviembre de 2024 un grupo de más de 70 Organizaciones de la Sociedad Civil expresamos nuestro rechazo a esta medida del Poder Ejecutivo Nacional y llamamos al cumplimiento pleno de los compromisos emanados de los convenios internacionales firmados.
Director general de Fundación Vida Silvestre Argentina
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