Los números y las estadísticas son contundentes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial recibe más de 30 millones de dólares al año y al menos en los últimos diez años no resolvió una muerte ni una baja de siniestralidad en accidentes de tránsito.
Los desastres en las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, de los municipios de la provincia de Buenos Aires y, en general, en todas las grandes ciudades del país, continúan sin excepción llenando las crónicas por accidentes y mientras las guardias de los hospitales se llenan de heridos, la —denominada por los libertarios— «casta» política, las universidades y las empresas asociadas a CECAITRA continúan acrecentando sus ingresos.
Javier Milei y el PRO se unen para terminar con el curro de las foto multas
iProfesional continúa recibiendo quejas de los automovilistas, que se sienten estafados cada vez que una foto multa les llega a sus domicilios.
Una maquinaria de recaudación estatal que en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, no se detiene ni conoce de feriados.
En ese contexto, la administración de Javier Milei continúa con su interés descentralizador y desburocratizador, pero, también, busca intervenir en oscuras «cajas» de recaudación que no podrían funcionar si no es al amparo de leyes sancionadas por políticos y por reglamentaciones que les permiten recaudar millones anuales.
La diputada nacional Patricia Vázquez, de la bancada del PRO, trabaja desde antes de la asunción del ministro Federico Sturzenegger para desarticular los «curros» que existen alrededor de la seguridad vial.
Luego de haber sido la primera en pedir en la Cámara de Diputados la eliminación de los registros del automotor y denunciar que detrás de «esas estructuras de recaudación se encontraba la Cámara de Comercio Automotor (ACARA) y los titulares de los registros, que son los que se quedan con la plata y no quieren perder sus quintitas», este jueves, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial.
En diálogo con iProfesional, la diputada Vázquez explicó: «Queremos declarar esta emergencia para destinar recursos y generar un plan que reduzca la siniestralidad vial, fortaleciendo y reforzando los controles presenciales».
iProfesional: Se observa mucho desorden en la cuestión vial y se expresa en las multas de tránsito, donde hay criterios dispares según la jurisdicción por la que se circule. ¿Su proyecto busca ordenar la cuestión del tránsito?
Vázquez: Sí, queremos reglas claras y orden. Se intentará que la ley de tránsito sea de orden público para terminar con la dispersión de normas provinciales y municipales, manteniendo la unicidad y seguridad jurídica al ciudadano que esta ley impone y queremos implementar, en el plazo de un año como máximo, el sistema de scoring en todo el país, que lleva más de 16 años esperando.
De hecho, el sistema de scoring, logró consenso entre todas las provincias del país en el año 2022. Una metodología para avanzar hacia un único sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito en la Licencia Nacional de Conducir.
iProfesional: existe un verdadero problema con las denominadas fotomultas. Desde apelaciones judiciales hasta denuncias en los medios de comunicación y redes sociales por las multas abusivas y «tramposas» que significan una transferencia de dinero constante de los automovilistas hacia los estados provinciales y municipales. ¿Qué opinión tiene de este sistema de seguridad vial?
Vázquez: «Con respecto a las multas en la provincia de Buenos Aires, en lo que va del año, lleva recaudado más de 67 mil millones de pesos y los convenios de los municipios con las universidades, porque tercerizan en las universidades y a su vez tercerizan en CECAITRA el servicio, supuestamente, técnico para el uso de las máquinas o cinemómetros que tengan que ver con las cámaras de seguridad vial, de foto multa. Todo muy sinuoso. Por eso se propone pasar de un esquema recaudatorio, a una verdadera política de prevención vial. Con mi proyecto, las foto multas dejan de ser el único elemento de constatación de faltas para pasar a ser solo auxiliar y de apoyo al control que, como ya indica el artículo 70, debe ser presencial con el objetivo de hacer cesar al infractor en su conducta».
CECAITRA es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a pequeñas y medianas empresas proveedoras de equipos tecnológicos, software y servicios relacionados con la seguridad vial.
Suele desarrollar informes periodísticos en torno a cuestiones viales, aunque, para la diputada Vázquez, «… los convenios que se firman con los municipios, universidades y con esta asociación sin fines de lucro que es CECAITRA, son, evidentemente, una caja política».
iProfesional: ¿Cómo se pueden cortar estas cajas?
Vázquez: «Para cortar con el curro de las universidades y de las empresas intermediarias que se llevan el 50%, y en algunos casos aún más, de la recaudación por infracciones se propone crear un fondo con el 100% de los montos recaudados para afectarlos a obras de infraestructura vial, educación vial y asistencia en siniestros viales. Y, para los automovilistas alcanzados por estas multas hay que tratar el tema de la coherencia en la prescripción de las sanciones. Lo establecido en la ley de tránsito va más allá del tiempo que el Código Penal dispone para la prescripción. Por eso, la modificación retoma la redacción original del artículo 89, sosteniendo un año para faltas leves y dos años para faltas graves.