La reelección de Claudio Chiqui Tapia como presidente de la AFA tuvo una respuesta casi inmediata por parte del Gobierno Nacional. Fue a través del responsable de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, quien fue tajante respecto de lo actuado durante la Asamblea ordinaria realizada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. «El proceso se dio de forma ilegal y no va a ser convalidado», anticipó.
Advirtió que “las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como Presidente de la AFA”. A su vez, destacó que “nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ”, que había solicitado no someter a votación determinados puntos del orden del día estipulado.
Claudio Chiqui Tapia al frente del nuevo Comité Ejecutivo de la AFA con Juan Román Riquelme e Ignacio Villarroel como vices.«Cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la Justicia”, remarcó.
Además, Vítolo fue contundente al señalar las posibles implicaciones legales: “Están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal”.
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El presidente reelecto de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, recordó de manera particular la fallida elección de 2015 que terminó 38 a 38 -con 75 asambleístas para votar-, cuando enfrentó a Marcelo Tinelli para ser el sucesor de Luis Segura.
A la Asamblea de AFA fueron como veedores de IGJ el director nacional de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, y los inspectores Mara López y Ariel Delgado. Controlaron la legalidad del acto y advirtieron a los asambleístas y las autoridades sobre la vigencia de la resolución de IGJ que dispuso que no puedan tratarse los temas de la reelección ni de cambio de estatuto, que entre otras cosas modificaba el domicilio de la sede principal del fútbol argentino, mudando la jurisprudencia de Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires.