En medio de presiones de sectores de los países productores de materias primas, la Comisión Europea propondrá un retraso de su ley para aplicar normas de deforestación a nivel mundial. La exigencia de certificación de que los productos agrícolas y ganaderos que se le venden a la Unión Europea no estuvieran originados en tierras desforestadas iba a comenzar a regir desde enero de 2025. La nueva fecha de aplicación sería enero de 2026.
En el caso de Argentina, implicaba que las exportaciones de carne y soja a la Unión Europea, que rondan los US$ 4.000 millones anuales, debían quedar sometidos a la presentación de las correspondientes garantías para ingresar al Viejo Continente a partir de enero.
Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el promedio de exportaciones de carne a Europa del 2021 a 2023 fue de US$ 462 millones, el 14% del total embarcado por este sector. Mientras que en el complejo sojero, tomando el mismo período, fue de US$ 3.556 millones.
El bloque europeo presentó un proyecto de enmienda para posponer 12 meses las normas que tienen como objetivo frenar la parte de la deforestación de la que la Unión Europea es responsable a través de sus importaciones de materias primas clave, como el café, el cacao, la soja y la carne de vacuno.
La regulación de la UE debía entrar en vigencia el próximo 30 de diciembre y ha recibido el rechazo de distintas entidades del agronegocio argentino, que se vería afectado al tener que dar garantías de libre deforestación en sus producciones de soja y carne.
«Celebramos la reprogramación de la implementación del reglamento europeo de libre deforestación, fruto de un enorme esfuerzo de gobiernos y cadenas de valor», dijo la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA).
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó «la decisión que ha tomado la Comisión de la UE de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023 respecto a la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado».
Si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas, y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.