Diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, rechazaron hoy los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. Fue en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se discuten iniciativas que buscan reformular el modelo sindical, principalmente en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. Estos puntos fueron incluidos en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia
Los planteos del kirchnerismo fueron amparados por referentes de la academia, asociaciones de abogados y representantes de gremios, invitados a la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz.
Entre otros, los principales argumentos a favor de las asociaciones sindicales se fundaron en la inconstitucionalidad de algunas de las reformas, en el “rol social” de los sindicatos, en la autonomía de los gremios y en la presunción de que los proyectos en discusión tienen un “profundo sesgo antisindical”.
El diputado bonaerense Mario Manrique (UxP), exsecretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), fue uno de los primeros en tomar la palabra. “¿Usted tiene noción del rol social que estamos cumpliendo las organizaciones sociales? La financiación de los sindicatos no es tabú para mÍ, hay números, realidades, que pueden justificar por qué los recursos de los sindicatos no tienen que ser recortados y, por el contrario, deberían ser más abultados. Les recomiendo a todos los expositores que se adentren en el tema de la salud de las obras sociales”, consideró.
En la misma línea se pronunció el legislador kirchnerista José Gómez (Santiago del Estero), que también oficia como referente del sindicato de Luz y Fuerza de su provincia. Sobre la limitación de los aportes sindicales, cuestionó: “¿Quién se hará cargo de la capacitación de los trabajadores? Somos las asociaciones sindicales las que capacitamos, si no podemos ver cuál es el aporte de las empresas en la capacitación”.
El diputado y secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, objetó la exigencia de incorporar la paridad de género en las asociaciones sindicales. Subrayó la potestad de “autoreforma sindical” y consideró que actualmente “la CGT y la CTA tienen paridad de género en su dirección, es decir 50% de cupo femenino”. Y sumó: “La mayoría de los sindicatos incorporó la representación de las minorías”.
Fue respaldado por abogados laboralistas así como por su compañera de bloque, Julia Strada, quien sumó: “Me molesta que se use al feminismo para perseguir sindicatos. Si tienen ganas de hacer feminismo me gustaría que varios de los que presentaron estos proyectos avancen en la iniciativa de deudores de la cuota alimentaria y la paridad de mujeres en la corte”.
En tanto, Gustavo Valente, de la asociación de abogados laboralistas platense, habló de un “sesgo antisindical” e interrogó a los presentes en la Comisión: “¿Solamente le vamos a exigir purismos de género al sector sindical, que estoy de acuerdo en que se le exija, y no al sector empresarial?”. Según el jurista, este año la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó las resoluciones que exigían paridad de género en los órganos de administración y fiscalización de empresas y asociaciones civiles, una norma dictada en 2020 por el mismo organismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Gustavo Ciampa, director de la cátedra del derecho laboral de la UBA, consideró muchas de las reformas propuestas “inconstitucionales”. Según explicó, cuando se prohíben las contribuciones de solidaridad, “la primera evaluación es que debilita a los sindicatos y en tanto debilita a los gremios es contraria a la Constitución Nacional porque viola el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. “Las contribuciones solidarias no son las cuotas sindicales, las cuotas sindicales las pagan los afiliados y la afiliación es voluntaria en argentina”, sumó.
Como contrapartida, hubo algunas voces que defendieron parte de las modificaciones en discusión. Es el caso de Gastón Utrera, director del Instituto de Economía de la Universidad Siglo 21, quien caracterizó la labor de los gremios como un “bien público”. Tras señalar que “cuesta encontrar algún tipo de argumentación válida en contra de este tipo de reformas”, consideró “discutible” la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical para los no afiliados. “Uno podría pensar a la actividad sindical como un bien publico porque negocia salarios y mejoras para todos los trabajadores, con lo cual tiene mas sentido poner un limite máximo para la cuota sindical para los afiliados y otro para los no afiliados”, planteó.
En la misma línea, Martín Juarez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, habló de la necesidad de “transparencia” de los gremios y argumentó que, más allá de la presentación de balances por parte de sus representantes, “el acceso a la información puede perfeccionarse”.
Por último, Federico Racagno, dirigente radical y representante de la Asociación de Personal de los Organismos de Control (APOC), cuestionó el argumento de Yasky sobre la paridad de género en la CGT y consideró como “decorativa” la representación de las mujeres. “Elije el secretario general qué mujer va a ir. Hay que buscar una alternativa y ampliar los marcos regulatorios”, señaló. Además, solicitó que la exigencia de “ficha limpia” y la presentación de declaraciones juradas se amplíe a la política y el mundo empresario.
Con el aval del Gobierno, aunque sin su impulso directo, los bloques Pro, UCR y la Coalición Cívica buscan limitar el poder de los gremios. El objetivo del secretario de Trabajo, Julio Cordero, es no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo Claudio Aquino, director del departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos, reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno apuesta a cambiar la estructura de funcionamiento de los gremios. Incluso aquellas modificaciones que resultan más urticantes para los sindicatos, como revisar la denominada “cuota solidaria” y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el último aprobado.
Fueron girados a la Comisión de Legislación del Trabajo 26 proyectos que, entre otras cosas, apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
De hecho, existe una propuesta de Yasky que apunta a robustecer el derecho de libertad sindical, la estabilidad de la representación de sus dirigentes y la promoción de garantías de los empleados frente a despidos.
Como contrapartida, hay una iniciativa del radicalismo, firmado por Roxana Reyes, Julio Cobos, Pamela Verasay, Danya Tavela, entre otros, que pretende modificar la ley de Asociaciones Sindicales y prevé que la administración de los gremios sean ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de nueve miembros, o cualquier múltiplo de tres para garantizar la representación de un tercio para la minoría. Además, estipula que los mandatos no podrán exceder de cuatro años, con derecho a una sola reelección inmediata sólo en el caso en que se haya dado acabado cumplimiento al mandato anterior, sin interrupciones ni suspensiones.
Tetaz presentó un proyecto muy similar para “garantizar la democracia interna” de los gremios. Prevé, además, que todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social.
La Coalición Cívica cuenta con iniciativas que apuntan a la rendición de cuentas de las cajas sindicales. Disponen la intervención de la Sindicatura General de la Nación para tal fin. La legisladora Marcela Campagnoli propuso, además, un proyecto para eliminar la cuota sindical para los no afiliados.
El Pro, en tanto, apoya e impulsa estas reformas. La legisladora santafesina Veróniza Razzini, fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, busca sancionar con dureza la paralización de la actividad como medida de fuerza. “Es urgente la necesidad de una legislación que penalice dichas acciones y castigue a quienes la han distorsionado a base de acciones intimidatorias de todo tipo, convirtiendo a las instituciones en meras escribanías donde se firman acuerdos que son la mas clara sentencia de muerte para el desarrollo productivo argentino, que, lamentablemente, no para de caer a una velocidad alarmante”, dictaminó la diputada a LA NACION.