«Si las patronales quieren discutir cuánto es ganar mucho, estamos dispuestos a hacerlo. Porque, ¿quiénes son los que ganan mucho en este país?» Quizás en este posicionamiento del titular de la federación de trabajadores aceiteros frente a la cámara industrial del sector, CIARA, se encuentre la clave de este conflicto sindical emblemático de las actuales negociaciones paritarias, pero al que algunos prefieren ni asomarse a ver de qué se trata. Mucho más que otras veces en la historia, hoy las paritarias definen distribución del ingreso y en el caso de aceiteros, la disputa es nada menos que entre el sector exportador más poderoso del país y una de las entidades gremiales mejor organizadas del universo sindical nacional.
El gremio aceitero lleva cinco días de huelga nacional total y la actividad productora de aceites vegetales y la exportación de oleaginosas se encuentran virtualmente paralizadas.
El cruce de expresiones a lo largo de la semana entre el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, y el presidente de la cámara de la industria aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras, sacó chispas y expuso las características de una disputa de ingresos que pocas veces se muestra tan transparente.
Algunas particularidades de esta pelea. Por una constancia en la lucha del gremio durante por lo menos los últimos 15 años, siempre logró imponer como criterio de defensa del salario, su nivel de poder adquisitivo. No simplemente el de lograr un aumento «por lo menos equivalente a la inflación» (si el salario viene atrasado, ese criterio arrastra el atraso). En cambio, impuso el criterio que el valor de referencia para el salario debía ser una canasta básica necesaria para que un trabajador y su familia viva dignamente. «¿Por qué el hijo de un obrero no puede ir a la universidad con el sostén económico de su padre?», sostiene Yofra para defender la integración de ese gasto en educación en la canasta que fije el piso mínimo salarial.
Una vez que obtuvo ese reconocimiento para el salario básico de la categoría más baja del convenio (peón de fábrica), lo sostuvo. Con negociación y con lucha, a veces. Para el primer trimestre de este año, esa canasta se calculó en 1.130.000 pesos para el grupo familiar. Y el salario básico del peón de fábrica, en 1.240.000 pesos. Son cifras elevadas si se las compara con los sueldos de muchos otros gremios, pero no es elevada en comparación con el costo de esa canasta básica con todas las necesidades de una vida digna. Primera excepcionalidad de la disputa de ingresos en el espacio aceitero.
La segunda condición muy particular de este sector es que es la actividad es absolutamente central en materia de ingresos de divisas por exportaciones. Como lo describe CIARA en sus informes, «el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aporta el 50% del total de las exportaciones de la Argentina; el principal producto de exportación es la harina de soja (12 % del total), el segundo más exportado (cifras de 2023) es el maíz (11 %) y el tercero, el aceite de soja (6,9 %)».
Según denunció Idígoras, en estos primeros días de huelga «el retraso de los envíos le está costando a la Argentina 50 millones de dólares al día». Además, paralizó más de 10 mil camiones en rutas y en puertos provocando atascamientos y conflictos vecinales.
La respuesta de Yofra fue que «el aumento de salarios que estamos pidiendo les representa como mucho 3 millones de dólares mensuales, contra 50 millones de dólares al día que dicen está perdiendo el país. ¿Entonces, por qué no dan el aumento? ¿Quién es entonces el responsable de que se prolongue el conflicto?» Cabría preguntarse en ese caso, además, para qué.
Si para la exportación de oleaginosas, se frena buena parte del ingreso de dólares al país. Muchos intereses económicos, inclusive del gobierno, exigen soluciones. Incluso los corredores de granos se pronunciaron y CIARA buscó involucrar a los transportistas para sumarlos de su lado. Muchas presiones sumadas.
Por otra parte, según el cálculo de la Federación, los salarios representan menos del 2,8 por ciento de los costos totales de la actividad. Pero el gremio controla la llave de la actividad, que es la parte operativa de las plantas. Es el segundo factor diferencial: se trata de una actividad en la que hay demasiado interés económico en juego.
Intereses económicos, pero también políticos. Aquí está lo que podría describirse como el tercer factor diferencial, referido a las relaciones de uno y otro sector, patronal y sindical, con el gobierno. Idígoras acusa a los aceiteros de agigantar un conflicto que tendría su razón principal no en el nivel salarial sino en el impuesto a las ganancias. «Es un problema ajeno a la industria; es un impuesto y como todo tributo, aprobado por el Congreso, se debe pagar», afirma el directivo industrial.
«No estamos peleando por Ganancias, eso lo discutiremos con el gobierno», aclara Yofra. «Reclamamos por el poder adquisitivo del salario, pero cada vez que el sector exportador está peleando con el gobierno por el dólar, se endurece en la negociación. Ya nos pasó otras veces», dijo. Explicó que los directivos cerealeros hoy reclaman una devaluación y la quita de retenciones. «Apuntan a un dólar de 1800 pesos». Las acusaciones de segundas intenciones ocultas se cruzan.
La confrontación de ingresos entre el grupo de mayor rentabilidad del bloque dominante y una federación sindical muy organizada con los obreros de mejores salarios, debería ser el escenario más atractivo en la escena de esta disputa. Sin embargo, la cámara de la industria de aceiteros juega con más colaboración de los suyos que el «no alineado» gremio de aceiteros.
Las ganancias de las grandes exportadoras no parecen estár en discusión. Pagar sus impuestos, lo cual en su propio criterio, los redime de cualquier otra responsabilidad. Sin embargo, desde la propia conducción empresaria se cuestiona que haya paros en un gremio en el que «el 60 por ciento cobra por arriba de 2,8 millones», dice Idígoras. Lo cual dificilmente sea cierto, ya que la máxima categoría de convenio oscila en un salario de 1,6 millones, que con extras de turno rotativo ( + 30%) y 32 años de antigüedad suma 2,6 millones de pesos.
Difícilmente haya muchos trabajadores en el sector que ganen por encima de esa cifra. Al menos, hasta que le reconozcan una nueva actualización salarial por valor de la canasta básica mínima esencial que reclaman. Que no será, seguramente, a costa del sacrificio de los ingresos de «los que más ganan», los dueños de las empresas aceiteras exportadoras.