El Gobierno titubea a la hora de aplicar aumentos tarifarios que saben que las familias no podrán pagar, o al menos no sin un gran esfuerzo. Temen que trepe el descontento social pues los nuevos incrementos tendrían un gran impacto sobre los ingresos por la estacionalidad, ya que junio y julio son los meses con más consumo tanto de gas como de electricidad por temperaturas frías. Aun así, mes a mes las tarifas suben acompañando la inflación y no los presupuestos familiares. Es cada vez es más costoso cumplir con todos los pagos para mantener las condiciones de vida, la recesión es también ese achicarse en el día a día de los hogares para poder pagar.
Las asociaciones de defensa del consumidor, una vez más como en el macrismo, reciben las preocupaciones de usuarios de distintos puntos del país con el mismo dilema, “si pago la luz no me va a alcanzar para comer” dice Leticia que vive en González Catán, partido de La Matanza, y recibió en julio una factura por 100.000 pesos de luz mientras el mes anterior había pagado 30.000 pesos. Leticia es jubilada y cobra la mínima, esto es poco menos de 300.000 pesos a cobrar en el mes de agosto junto con el bono. Claramente no va alcanzar para comer, para pagar gastos de salud u otros servicios.
Muy pocos usuarios van a poder pagar los servicios públicos sin dificultades, advierten desde las asociaciones de defensa del consumidor como la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina, que viene realizando campañas en distintos puntos del país informando a la gente sobre la necesidad de inscribirse para mantener los subsidios. “Salvo algunos hogares en donde viven pocas personas, el resto va a tener que achicar consumo para poder seguir pagando las tarifas”. Una alternativa que parece poco sensata aunque no en el país de Javier Milei, un país que es solo viable si se achica.
Graciela también se acercó al Centro de Jubilados de González Catán en un encuentro organizado por la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), es jubilada y discapacitada y pasó de pagar 2.500 pesos de gas en enero a 23.500 pesos en la última factura. “O tengo que comer o tengo que pagar las tarifas”, dice porque claro que además de la luz y el gas debe pagar otros impuestos, medicamentos y la atención en salud que es muy importante. Ella vive sola pero la jubilación ya no alcanza para mantener los gastos.
El Gobierno suspendió el aumento de las tarifas de luz y gas programado para julio ¿para no quebrar a las familias? y ante el impacto que tendrían las tarifas sobre la inflación en temporada de invierno. El monto facturado en julio toma apenas el consumo de la primera quincena de junio, pero en agosto el impacto del consumo energético para calefaccionar es pleno. Para quienes siguen estos temas de cerca, “la hoja de ruta del Gobierno es caótica, no se advierte a dónde quieren ir, van pateando aumentos para más adelante”.
Mariano Lovelli, miembro fundador del Centro de Estudios para la Igualdad y las Solidaridad (Cepis), según las primeras audiencias públicas organizadas por la Secretaría de Energía en enero “la meta del programa tarifario era sextuplicar el precio de los servicios públicos”. Con las subas aplicadas hasta el momento, el valor de las tarifas llegó a triplicarse, de modo que el proceso “no terminó –afirma- y el costo recaerá especialmente sobre la clase media”.
“En las primeras resoluciones que dictó la Secretaría de Energía, con fecha de inicio en febrero, el impacto fue más alto para los hogares de mayores ingresos (N1). Las tarifas subieron para todos los usuarios pero quitaron una mayor parte del subsidio a los N1. Hubieron aumentos tanto en la generación de energía, como en el transporte y la distribución”, aclara Fernanda Lacey, miembro de la comisión directiva de la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina y coordinadora de la Comisión de Usuarios del ENRE.
“Otro incremento llegó en abril, más vinculado al precio de generación de la energía. Las resoluciones también establecían que a partir del cuarto mes habrían incrementos mensuales en función del IPC”, continúa en un breve derrotero por el tarifazo de Milei.
“En junio la Secretaría emitió las últimas resoluciones que se basan más en la quita de subsidios a los sectores de ingresos bajos y medios (N2 y N3). Se establecieron topes mucho más restrictivos para el caso de los usuarios medios y aplicaron topes a los usuarios N2, que antes no tenían y con una rareza adicional que es que para el consumo diferencial deberán abonar la tarifa plena”, describe la especialista.
Existe un perjuicio adicional que evidencia lo mal pensado que está este esquema, porque en los hogares más pobres se da la situación de que utilizan electrodomésticos menos eficientes, es decir de alto consumo energético. “Por ejemplo las estufas eléctricas de cuarzo consumen muchísima energía, no menos de 1.000 kilowatts por facturación, pero el tope de consumo subsidiado para los N2 es de 350 kW –o 700 kW para el consumo bimestral facturado-, entonces una familia de bajos ingresos tendrá que cubrir 300kW al precio más caro o achicar el consumo”, advierte Lacey.
Este es el escenario actual, con aumentos suspendidos y dentro de una “etapa de transición”, como la llamó el Gobierno, hacia un nuevo esquema tarifario que se definirá recién después de los seis meses –entre abril y octubre- que dura esta etapa. Pero para los especialistas seguramente este período de transición será prorrogable por seis meses más. En el horizonte aparece la segmentación tarifaria en función de una Canasta Básica Energética que quiere instrumentar el Gobierno pero sobre este tema se tienen “muy pocas precisiones aún”.
Para Lovelli del Cepis esto es un “macrismo recargado”: un tarifazo para todos los sectores de la sociedad y la tarifa social para un pequeño segmento, el más vulnerable. Esto difiere sensiblemente del esquema de segmentación tarifaria que había planteado el gobierno de Alberto Fernández, y más aún: “En el gobierno de Fernández la tarifa todavía era barata, ahora la tarifa es cara y sólo un pequeño sector de la sociedad recibirá subsidios. La clase media es la que va a pagar la diferencia”, asegura.
Lacey coincide en que el objetivo del Gobierno es que el peso del ajuste recaiga sobre la clase media: “un esquema donde quienes ganen entre 873.169 y 3.056.091 pesos mensuales no recibirán casi subsidios (es decir, los usuarios N3 que cobran entre 1 y 3,5 Canastas Básicas Totales) y habrá topes para el consumo subsidiado de los usuarios N2 (de bajos ingresos que cobran por debajo de 1 Canasta)”. Subas de tarifas por quita de subsidio, topes al consumo y reinscripciones para “depurar” bases son los últimos pasos de este camino.
Los aumentos que vienen
Los aumentos programados para junio/julio que el gobierno decidió suspender implicaban un salto en la facturación final de los usuarios N2 del 155 por ciento, contra un aumento del 22,8 para los usuarios N1 (que sorportaron el mayor peso del ajuste en febrero) y para los N3 del 99,3 por ciento. De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Energía, la factura de una familia con un consumo promedio de 260 kW hora de energía serían los siguientes:
- N1 (ingresos altos) pasará de 24.710 a 30.355 pesos (22,84 por ciento)
- N3 (ingresos medios) pasará de 6.585 a 16.850 pesos (155,88 por ciento)
- N2 (ingresos bajos) pasará de 6.295 a 12.545 pesos (99,28 por ciento)
El ajuste se produce en el Precio Estacional de la Energía (PEST) –es decir en la generación de energía, son dictados por resolución de la Secretaría y explican cerca del 60 por ciento de la facturación-. El PEST para el período mayo-octubre pasaría a valer 57.214 pesos por megawatt hora para todos los usuarios residenciales, y mientras que en los hogares N1 el impacto sería total, para los N3 y N2 se les aplicará una bonificación del 55,9 y 71,9 por ciento sobre el valor del PEST.
Estos aumentos fueron pateados para más adelante y tampoco hay programadas subas en los valores de transporte y distribución –los cuales se determinan en audiencias públicas.
Por resolución también se modificaron los topes de consumo subsidiado para hogares N3 y N2, en los primeros el nuevo tope bonificado sería de 250 kWh/mes, que antes era de 400 kWh/mes, en tanto los usuarios de ingresos bajos tendrían un máximo de 350 kWh/mes, dejando sin efecto el hecho de que antes no tenían ningún límite al consumo bonificado.
Esto preocupa a las asociaciones de usuarios puesto que la diferencia consumida se realizará al precio pleno, mucho más alto, que abonan los hogares de altos ingresos. De allí la advertencia de que la lógica inducida es achicar el consumo para poder pagar las tarifas, es decir empeorar la calidad de vida de la gente.
El Gobierno modificói también el tope de consumo para los usuarios eléctricos sin acceso al servicio de gas por redes, por resolución del ENRE para hogares ubicados en determinadas zonas bioclimáticas, pero “todavía no sabemos a qué localidades aplica esto, es un injerto que hicieron a la ley de zonas frías”.
Acceso a subsidios
Otra modificación importante es que todas las familias que quieran mantener los subsidios deberán estar inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), de lo contrario en agosto perderán automáticamente la bonificación y eso les traerá en medio del invierno un aumento notorio en las facturas.
Para esto el Gobierno habilitó la inscripción web durante 60 días, entre junio y agosto, pero las asociaciones civiles exigen prorrogarlo al menos 30 días más porque buena parte de la población todavía desconoce este requisito. Quienes no cumplan con el trámite serán catalogados como usuarios N1 y perderán automáticamente el subsidio para la luz.
Con esta recategorización el objetivo del Gobierno es “depurar” la base de datos de la segmentación tarifaria. En el caso del gas es distinto porque el ente regulador (Enargas) cuenta con mejor información dado que la subvención se otorga a nivel nacional.
Para las personas que no se inscribieron en el RASE años atrás y no reciben subsidios pero deberían, el Gobierno no habilitó ningún canal de compensación una vez que se recategoricen. De igual modo, si el nivel de ingresos de una familia cayó, deberá volver a inscribirse en el RASE porque la recategorización no es automática. Cada usuario puede saber en qué nivel de la segmentación está encuadrado actualmente (N1, N2 o N3) buscando el dato en sus últimas facturas de luz y de gas.
Solo no tienen que inscribirse quienes la tarifa social o sean beneficiarios del programa AUH. En el caso de usuarios electrodependientes no deben realizar el trámite para el subsidio de la electricidad, pero sí para solicitar el de gas.