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lunes, 7 octubre, 2024
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Por un salario no tan mínimo

Con la inflación interanual de tres dígitos haciendo sombra a todas las variables económicas, este jueves se define una particularmente sensible: el Ministerio de Trabajo convocó a los principales gremios y representantes de cámaras empresarias a la tercera reunión del Consejo del Salario Mínimo del 2024, que se encuentra en 234.215 pesos y no se actualiza desde mayo. En lo que va del gobierno de Javier Milei, perdió un 32,1 por ciento de poder de compra y acumula una pérdida de 43 por ciento desde el 2015. Para equiparar el salario mínimo antes de que comience el derrotero de reducciones anuales, hoy debería alcanzar los 540.000 pesos. 

Desde la asunción del actual gobierno tuvieron lugar dos reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en febrero y mayo. Ambas terminaron con laudos de la Secretaría de Trabajo, que fue la que determinó los incrementos del año en curso. Los aumentos nominales sumaron 60,5 por ciento respecto de noviembre de 2023, cuando en el mismo período se proyecta acumular una inflación superior al 136 por ciento. 

«De este modo se consumó la pérdida real de prácticamente un tercio en el salario mínimo», asegura un informe elaborado por la investigadora y coordinadora del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), Mariana González

Esta pérdida se suma a las importantes reducciones que tuvieron lugar en años previos, que superaron el 10 por ciento anual en los años 2018, 2019 y 2020. Así, en julio de 2024 el salario mínimo real se ubicó 43 por ciento por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 56,4 por ciento por debajo del de noviembre de 2015.  

El retroceso histórico se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia. Este salario sólo sería suficiente en julio para comprar el 56,8 por ciento de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y un 25,6 por ciento de la canasta de pobreza, relaciones comparables a las vigentes en la crisis final de la convertibilidad en 2001/2002.

Los que menos tienen

De acuerdo a su definición formal, el Salario Mínimo es el punto de partida del monto que debería percibir cualquier trabajador de más de 18 años por su trabajo y debe asegurarle una «alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, recreación y vacaciones». Además de lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, fue una herramienta utilizada por el gobierno de Néstor Kirchner para empujar hacia arriba la dinámica salarial (sobre todo de los salarios más bajos).

Durante los 90, el Salario Mínimo se estableció en un monto fijo de 200 pesos, alrededor del 25 por ciento del promedio de los salarios en general, por lo que no servía como referencia para negociar, en linea con lo que buscaba un gobierno que bregaba por la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo. A partir de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner rompió esta lógica y se lo apropió como herramienta para impulsar al alza la negociación salarial. En efecto, en 2004, el salario mínimo pasó a representar entre el 40 y el 45 por ciento del promedio de los salarios cobrados en la economía.

De acuerdo al informe elaborado por Cifra, el valor actual es inferior incluso al vigente durante la mayor parte de la década de 1990. Entonces, el impacto directo de ese salario sobre los trabajadores registrados es casi nulo, ya que los salarios básicos iniciales de cada convenio se encuentran por encima de este monto, salvo para algunos sectores como las trabajadoras de casas particulares que, de todos modos, cuentan con un estatuto distinto a la Ley de Contrato de Trabajo por lo que el SMVM no sirve como garantía al momento de negociar. La cifra, en cambio, impacta más para los asalariados no registrados, ya que establece un piso de remuneraciones como referencia para ese sector del mercado laboral. 

Se trata de una paritaria más compleja que la normal porque tiene 32 miembros, y el Estado interviene en caso de que no haya acuerdo. Al encuentro asisten normalmente los representantes de las tres centrales obreras CGT y las dos CTA y de los principales gremios nacionales tanto de estatales como del sector privado. Participan también dirigentes empresarios de entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) o de la Sociedad Rural. 

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