En Latinoamérica, el concepto de democracia judicial se encuentra envuelto en malentendidos y cuestionamientos que desvían la atención de su verdadera importancia. A diferencia de los argumentos que sugieren que este término se reduce a la elección popular de la magistratura, esta noción busca armonizar la autonomía de los tribunales con la necesidad de hacer que la Justicia sea más accesible, transparente y equitativa para toda la ciudadanía.
Manteniendo la sana distancia entre Justicia y política (o Poder Ejecutivo) abogar por la democracia judicial significa impulsar un sistema que sea realmente del pueblo y para el pueblo, en el que la sociedad tenga confianza y vea reflejados los valores democráticos por los que tanto ha luchado.
En estos días, en donde se cuestiona la legitimidad de los jueces, la falta de transparencia en las decisiones, el alto costo del servicio, la dificultad en el acceso y la ausencia de un lenguaje claro, la adopción de inteligencia artificial (IA) aparece como una considerable oportunidad para conseguir éste propósito, toda vez que permitiría abordar algunos de los desafíos históricos y estructurales que afectan a la Justicia en toda la región.
En efecto, mediante el desarrollo de sistemas inteligentes que aporten el potencial que ofrecen los algoritmos, el Poder Judicial puede mejorar su servicio a partir de su inclusión, particularmente, en tres grandes ejes como los que veremos a continuación.
Cuando hablamos de la capacidad que tiene la IA para analizar grandes volúmenes de datos y predecir soluciones jurídicas, tenemos que considerar que también puede ofrecer una mayor transparencia. La trazabilidad de los denominados sistemas de caja blanca (como Prometea o PretorIA) permite proporcionar, ante cualquier reclamo, la información necesaria para determinar con exactitud cuáles fueron los datos que se utilizaron para decidir en determinado sentido. Significa que podemos explicar perfectamente cómo se llega a una decisión aún con la ayuda de un software. Hoy día, mientras se utilizan los procedimientos tradicionales, muchas veces los tribunales resultan ‘cajas negras’, léase, sistemas cuyo funcionamiento resulta imposible conocer.
Otro de los aspectos clave en la democratización judicial está ligado con el acceso al sistema. La región presenta particulares obstáculos geográficos, económicos y sociales que marginan a los sectores más vulnerables. A ellos, hoy debemos sumarle la premura que imponen los vertiginosos cambios propios de la Cuarta Revolución Industrial.
El compromiso de estos tiempos, entonces, pasa por generar recursos informáticos que permitan superar las barreras burocráticas, económicas y lingüísticas que mantienen las instituciones con la ciudadanía, a través de una interacción con los organismos en forma más rápida y menos costosa. Al mismo tiempo, brindar la posibilidad de obtener información indispensable en lenguaje comprensible (gracias a los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT) y ofrecer mecanismos de resolución de conflictos más amigables, tales como los que nos proponen las grandes plataformas de comercio electrónico como Amazon, eBay o MercadoLibre quienes generan incentivos para poder resolver problemas a través de una satisfacción temprana sin movernos de nuestro hogar.
Para finalizar, corresponde hablar del proceso de selección de quienes imparten Justicia. Apuntamos al comienzo que en este caso utilizamos el término ‘democracia’ en una concepción más amplia que la que se refiere al sufragio. En este punto, la tecnología también puede cambiar la forma en que se maneja el proceso. Pensemos en sistemas inteligentes que realicen impulso automatizado del trámite eliminando demoras y asegurando que los nombramientos judiciales estén sustentados exclusivamente en trayectoria, experiencia, conocimientos y capacidades de las personas, y no en eventuales conexiones políticas, influencias externas o discrecionalidades arbitrarias.
Obviamente, no podemos cerrar este discurso sin dejar de advertir que la incorporación de estas herramientas en los sistemas judiciales no está exenta de riesgos. La preocupación de que los algoritmos puedan replicar o amplificar sesgos es particularmente relevante en una región marcada por desigualdades sociales, económicas y de género. Las mismas cuestiones que tanto nos aquejan por estar arraigadas no solamente impiden consolidar la democracia sino que también se reproducen y pueden potenciarse en los softwares generando más daño.
Por eso, la intervención humana nunca es complementaria, siempre será indispensable. Para asegurar que estos sistemas impacten beneficiosamente, es necesario que se desarrollen e implementen de manera que respeten a rajatabla los principios que hacen a nuestras normas constitucionales.
De cualquier modo, el camino hacia una democracia judicial reforzada por la inteligencia artificial en América Latina es una posibilidad concreta. Sólo requiere de un diálogo abierto y sostenido entre los sectores tecnológicos, judiciales y políticos, centrado en crear un marco legal robusto que aborde las preocupaciones concretas de la independencia de la Justicia y aproveche el potencial de la industria para transformar nuestra realidad.
*Abogado experto en nuevas tecnologías