El Gobierno busca otorgarle esta semana la media sanción al proyecto de ley ómnibus y accedió a realizar más concesiones a la oposición aliada, que condicionó su apoyo a cambios concretos. Sin margen para seguir postergando del trámite legislativo, y ante la necesidad de mostrar avances concretos a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el domingo a la noche el Poder Ejecutivo aceptó, entre otras cosas, reducir de 11 a siete las facultades delegadas al Presidente, así como quitar la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro. El mosaico de legisladores que serán determinantes para definir el futuro de la iniciativa se mostró conforme y se espera que, a lo largo de la jornada de hoy, se termine de delinear el cronograma para sesionar.
Las nuevas reformas en el texto de la “Ley de Bases” se conocieron después de un fin de semana de intensas conversaciones entre el oficialismo y la oposición para allanar el terreno que deberá transitar la iniciativa en la Cámara de Diputados. El intercambio se intensificó tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar el capítulo fiscal de la iniciativa por la falta de apoyo de los gobernadores y legisladores. La UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal tienen previsto reunirse con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para definir cómo plasmar los cambios concedidos, que no figuran en el dictamen de mayoría que llegará al recinto. Según trascendió, podrían dejar por escrito las modificaciones y que el miembro informante de la sesión, antes de comenzar la votación, mencione las disidencias planteadas y proponga tratar un texto ya modificado.
Según trascendió, el Gobierno aceptaría reducir las áreas que se declaran en emergencia y, con eso, bajar de 11 a siete la cantidad de facultades delegadas. La más cuestionada por la oposición era la que disponía poderes especiales para el Presidente Javier Milei en materia previsional. Tras la remoción del capítulo por el que se reformaba la fórmula de movilidad jubilatoria, muy objetado por todo el arco político con el argumento de que “el ajuste lo pagarán los jubilados”, se especulaba con que el Ejecutivo usaría esta emergencia para llevar adelante su propósito.
También se excluirá, en el capítulo de reorganización administrativa, la facultad de disolver a las empresas públicas, universidades, y entidades incluidas en el inciso c del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, como el INTA y el Conicet. De ese articulado se podría remover la capacidad del ejecutivo de modificar asignaciones específicas.
La transferencia de activos del FGS al Tesoro fue otro de los puntos duramente cuestionados por un sector de la oposición dialoguista, que si bien se mostró a favor de la medida, reclamaron que ese traspaso se realice compensando los pasivos de las provincias con el organismo y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses. Por eso, el Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.
En la misma línea, el Poder Ejecutivo también accedería a eliminar el artículo por el que se derogaba la incompatibilidad para trabajar en sociedades de bolsa inmediatamente después de ser funcionario público; y se modificaría el artículo de fondos fiduciarios energéticos por el que se retrotrajo la derogación de la Zona Fría, la cual prevé un descuento de entre 30% y 50% en el gas residencial por redes para los habitantes de áreas desfavorecidas en términos climáticos.
Además, se podrían retirar las modificaciones al Código Civil y Comercial en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, aunque prevalecerán las reformas sobre los procedimientos de divorcio, sucesiones, y contratos comerciales. Todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales -se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado-, quedarían fuera del texto.
Si bien el Gobierno accedió a remover el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, subsistiría la parte de impuestos internos, transparencia fiscal y otras medidas que podrían afectar a las cajas provinciales, como la asignación específica del impuesto PAIS, que no sería coparticipable, tal como plantearon los gobernadores tras la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.
Se espera que, tras la reunión del bloque libertario, programada para esta tarde, cada uno de las bancadas se reúna con el oficialismo para delimitar la forma en que se planificará la sesión prevista para esta semana. Todavía no se hizo una convocatoria formal para la reunión de Labor Parlamentaria, aunque se descontaba su citación para mañana. A pesar de que el Gobierno apuntaba a sesionar este martes, tanto fuentes de la presidencia de la Cámara como legisladores dialoguistas hablaban este mediodía de ir al recinto el miércoles. “No dan los tiempos”, se sinceraban ante este medio.
Para ejercitar el rol que deberá poner en práctica esta semana, el presidente del cuerpo, Martín Menem, probaba esta mañana los comandos del recinto. Su primera y última intervención como ordenador de la sesión fue a fines de diciembre, cuando se eligieron las autoridades de la Cámara. “Podrían llegar a ser 40 horas de corrido”, señalan en el entorno de Menem sobre la prolongación de la sesión.
Bajo este escenario, se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de más de cien legisladores, aunque el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa. La UCR todavía pone reparos en el paquete de privatizaciones de empresas públicas y apuesta a generar cambios en la definición de lo que se considera una manifestación y en materia de legítima defensa. Lo mismo con el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, quienes apuestan a forzar cambios en el recinto.
En Pro, por su parte, ya manifestaron su intención de apoyar el proyecto en general, aunque enviaron algunas “mejoras” en temas “de forma y de técnica legislativa”.
El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, ya que consideran la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”.