Los tres agentes de la Policía Nacional procedentes de Mallorca y Menorca, cuya infiltración en grupos anarquistas e independentistas catalanes y ha quedado al descubierto por una investigación periodística, actuaban sin control judicial. Tampoco lo necesitaban, según las fuentes jurídicas y de las fuerzas de seguridad consultadas, porque su misión era obtener información y no recabar evidencias de delitos para su uso para un proceso judicial. Eran topos en movimientos sociales que la Comisaría General de Información —la llamada ‘Policía secreta’— pretendía tener bajo control. Una situación que los sitúa en un opaco limbo legal bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales, esgrimida por el ministerio del Interior en sus respuestas parlamentarias sobre este asunto.
La investigación de la revista catalana La Directa, que en el último año ha desvelado la actividad de estos tres agentes —dos mallorquines y un menorquín— evidencia un plan de actuación policial. Todos formaron parte de la promoción de 2019 en la academia de Ávila y desembarcaron enseguida en Barcelona y Girona, donde se mimetizaron en diversos colectivos vinculados principalmente al independentismo, aunque también se infiltraron en organizaciones libertarias y del movimiento okupa, en los que cobraron cierto protagonismo. Todos tenían documentación falsa que en algunos casos utilizaron incluso para cursar estudios universitarios en sus destinos. Tras hacerse pública su condición de policías, varias personas relataron que habían mantenido relaciones sexuales y de pareja con los agentes y han presentado querellas por delitos de violación y contra la integridad moral.
Las fuentes consultadas distinguen dos tipos de infiltración policial. Una, la del agente encubierto, regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adentrarse en organizaciones criminales de alto nivel, como terroristas, narcos o traficantes de personas y armas. Esta figura requiere de control judicial para garantizar que las pruebas recabadas, vulnerando en muchas ocasiones derechos fundamentales de los investigados, sean válidas en un juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Balears anuló recientemente la investigación contra un pederasta de Palma porque la Policía se había infiltrado con identidades falsas en grupos cerrados de internet —vulnerando así el derecho al secreto de las comunicaciones—, sin la pertinente autorización judicial. La ley, además, exime a los agentes de los posibles delitos que cometan en el marco de estas pesquisas tuteladas por un juez.
No es el caso de los tres policías de Baleares, a los que las fuentes califican de infiltrados «que solo buscan información». «Son labores de espionaje. El objetivo no es obtener pruebas, sino ver qué se está cociendo en determinados movimientos», señalan. Los agentes de Mallorca y Menorca desembarcaron en Cataluña en los meses posteriores a la condena de los líderes del procés. Una de las policías infiltradas inició una relación de pareja con un destacado miembro de los CDR (Comités de Defensa de la República) de Girona que había sido detenido y procesado por los cortes de la vías del AVE en 2018.
Opacidad y secretismo
La regulación de esta figura policial es mucho más opaca, ya que los policías no rinden cuentas más que ante sus propios superiores y los datos obtenidos en esta labor de espionaje no deben ser utilizados luego en un juicio ni, por tanto, rebatidos. El propio ministerio del Interior, en sus réplicas a las preguntas que diversos grupos parlamentarios han formulado sobre este grupo de policías, los ha calificado de «agentes de inteligencia» cuya labor es «la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública». El Gobierno ha señalado que la Comisaría General de Información «solicitó autorización administrativa», admitiendo así que actuaban sin tutela judicial y remitiéndose a un expediente «declarado secreto» con arreglo a una legislación de 1968. La tesis de Interior, como sostuvo el ministro Fernando Grande-Marlaska en el Senado, es que las actividades de estos agentes «cumplen los principios de legalidad y los valores constitucionales» y que su labor es «la prevención de delitos». Queda así sin aclarar qué uso hacen las fuerzas de seguridad de la abundante información que este grupo de funcionarios obtuvo durante sus largas infiltraciones, que se prolongaron durante unos dos años hasta que los miembros de los colectivos a los que espiaban empezaron a sospechar.
La operación empezó a truncarse hace ahora un año, cuando La Directa empezó a revelar las infiltraciones, que habían sido todo un éxito durante meses. Tras las informaciones periodísticas, los policías mallorquines empezaron la fase de retirada y extracción, distanciándose paulatinamente de los entornos en los que se habían infiltrado hasta desaparecer para siempre.
Las actividades de este grupo de agentes está ahora judicializada tras las denuncias y querellas presentadas por sus antiguos ‘compañeros’ en los colectivos espiados, a las que los juristas consultados auguran poco recorrido. La Audiencia Nacional ya rechazó abrir una investigación contra uno de estos funcionarios al no apreciar indicios criminales en su labor.