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El Gobierno se presentó ante la Corte Suprema para cuestionar la reforma de la Constitución de Jujuy

El ministro de Justicia pidió una «acción declarativa de inconstitucionalidad» por considerar que el nuevo texto viola los compromisos en derechos humanos.

Tal como había anticipado Alberto Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial con el voto de los bloques del radicalismo y del peronismo, y que desató violentas protestas.

El Gobierno quiere que la Corte firme una acción declarativa para que se declare como inconstitucionales algunos artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña, al considerar que «vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT».

En su cuenta de Twitter, Soria señaló que «el candidato a vicepresidente de Larreta pretende hacer campaña llevándose puestos los derechos de los jujeños, como lo demostró con la brutal represión con la que estrenó la reforma y con las arbitrarias medidas tomadas contra Milagro Sala».

Según anunció el oficialismo, la presentación judicial fue elaborada por los equipos técnicos del Ministerio de Justicia; de la Secretaría de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y además recoge los aportes realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El Gobierno informó que el escrito plantea la «gravedad institucional» generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, ya que «está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan».

La presentación destaca que organismos Internacionales de derechos humanos, «con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma».

La demanda gubernamental afirma que «el inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Nada de eso dice el texto constitucional aprobado en Jujuy.

El escrito presentado a la Corte también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial «se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa».

«Los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas», afirmó la demanda del gobierno, y sostuvo que «el Estado debe tener en cuenta la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas su relación con los territorios y con los recursos naturales allí existentes».

En declaraciones radiales, Soria sostuvo que, con la reforma, se busca «crear el marco jurídico para reprimir y perseguir a quienes no estén de acuerdo con las ideas económicas» y añadió: «Esta película ya la vimos: ajuste hambre miseria y represión contra el pueblo. Es la Alianza del 2001 y Cambiemos en 2016». 

El jueves por la noche, tras el anuncio de que se presentaría el pedido de acción declarativa, Morales expresó en Twitter que «se confirma el intento de desestabilización en Jujuy» y agregó: «Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución».

«Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo», advirtió.

También salió en su defensa su compañero en la fórmula presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, quien indicó que «la nueva Constitución de Jujuy es de todos los jujeños» y expresó su «solidaridad con ellos y con Gerardo Morales ante otro intento del kirchnerismo por avanzar sobre la autonomía de las provincias».

La reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calle y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada el 20 de junio, en medio de graves incidentes en la ciudad capital.

En tanto, dos senadores nacionales del oficialismo presentaron un proyecto de ley que propone declarar la «intervención federal a la provincia de Jujuy en su Poder Judicial» para «garantizar la forma republicana de gobierno» y «evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado Argentino».

La iniciativa lleva las firmas de los legisladores Guillermo Snopek, quien es hermano de la esposa de Morales, y Juliana Di Tullio.

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