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Luego del caso San Juan, la Corte tiene en sus manos otras decisiones electorales clave

Antes de que las urnas lleguen a las escuelas, la pelea política en el año electoral ya comenzó en los tribunales. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la candidatura de Sergio Uñac en la provincia de San Juan, y lo inhabilitó para buscar un cuarto mandato como gobernador. Previo a ello, tras la renuncia de Juan Manzur para competir como candidato a vicegobernador de Tucumán también forzado por casi seguro veto judicial, el máximo tribunal suspendió la cautelar sobre dicho distrito y habilitó las elecciones provinciales. En carpeta, los ministros tienen otros dos casos sobre los cuales pronunciarse: la reelección indefinida en Formosa y la re reelección de los intendentes bonaerenses.

El análisis de esos planteos, que están en distintos despachos de la Corte, ocurre bajo el ataque oficialista a los ministros del máximo tribunal en la Comisión de Juicio Político de Diputados, y también en los micrófonos: en su acto del jueves, Cristina Kirchner cargó contra la Corte -llegó a compararla con la «mayoría automática» del menemismo, pero eta vez en su contra- y reiteró que los jueces buscan proscribir al peronismo en un año electoral.

En su sentencia de este jueves, la Corte explicó que “no se interviene en las autonomías provinciales, sino que se intenta preservar el sistema republicano y resguardar los procedimientos democráticos, impidiendo abusos de las autoridades que buscan reelecciones indefinidas”.

Se explicó que el máximo tribunal está habilitado a revisar judicialmente “las normas o actos provinciales con prudencia, limitando las declaraciones de inconstitucionalidad a los más excepcionales supuestos” pero con una premisa central que es evitar cualquier acto que represente “una gravedad institucional” como podría ser “convalidar comicios con ofertas electorales inconstitucionales”.

Con este telón de fondo, el máximo tribunal se dispone a analizar otros dos casos de alta sensibilidad política.

La oposición formoseña impugnó ante la Corte la candidatura de Gildo Insfrán, que busca su sexto mandato como gobernador. La particularidad en ese caso es que la Constitución provincial contempla la reelección indefinida.

El referente opositor, Fernando Carbajal, pidió que la Corte se expida con una declaración de certeza e inconstitucionalidad para que se «inhabilite e impugne» a quienes pretendan «perpetuarse en el poder» en perjuicio del pueblo formoseño. Formalmente, planteó el vacío legal y la ambigüedad del artículo 132 de la Constitución provincial, que le permitiría a Insfrán ir por su séptima reelección.

El artículo al que hace referencia dice que «el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos», sin especificar ningún límite.

A través de la demanda, Carbajal solicitó una medida cautelar que suspenda las elecciones para gobernador y vice, que están convocadas en Formosa para el 25 de junio.

La semana pasada el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, consideró que la Corte no debe intervenir en este caso. En su dictamen indicó que los argumentos del diputado radical «resultan ajenos al conocimiento del tribunal», pero que si sus ministros lo estiman, «podrían decidir la intervención procesal que consideren pertinente». Hay que recordar, sin embargo, que su opinión no es vinculante.

El pedido formoseño podría ser desestimado porque fue presentado antes de que Insfrán oficializara su nueva candidatura ante la justicia electoral, pero la semana pasada el postulante a gobernador Francisco Paoltroni realizó una nueva presentación, con el patrocinio del constitucionalista Daniel Sabsay. Además, pidió en el Tribunal Electoral provincial la impugnación del radical Fernando Carbajal. Veremos.

El segundo planteo que deben estudiar los ministros de la Corte -en caso de considerar que es de su competencia, lo que es dudoso- es el pedido de declaración de inconstitucionalidad sobre la ley que habilita la re reelección de los intendentes bonaerenses.

Esa presentación contó con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y está firmado por el presidente y apoderado del Partido Política Abierta para la Integridad Social (PAIS)-Distrito Buenos Aires, Oscar Héctor Alva. Ambos solicitaron a la Corte Suprema de Justicia una «acción declarativa de inconstitucionalidad» contra la Provincia de Buenos Aires, respecto del artículo 4 de la ley 15.315, «por ser contrario» a los artículos de la Constitución Nacional que refieren al sistema republicano, al a alternancia del poder y a la periodicidad de los comicios.

Se discutió en este caso que el último parche que se le hizo a la ley electoral bonaerense para que los intendentes que gobernaron dos períodos desde 2015 puedan presentarse a otro este año es inconstitucional, porque le permite que «91 Intendentes e Intendentas de la Provincia de Buenos Aires sobre un total de 135 se encuentren en la privilegiada posición de ser los únicos, exclusivos y excluyentes sujetos que tendrían la posibilidad de estar en ejercicio del cargo por 12 años a partir de la sanción de la ley 14.836. Solo ellos, ni uno más».

El máximo tribunal analizará caso por caso. Pero la resolución de este jueves respecto de Uñac abre un camino que tarde o temprano abrirá la discusión en todo el país. En su voto, el juez Carlos Rosenkrantz criticó con firmeza las reelecciones. Entendió que es “un rasgo fundamental del sistema republicano de gobierno la existencia de mecanismos para evitar la concentración del poder y, en última instancia, evitar la dominación u opresión por parte de los gobernantes”.

Se mostró más crítico sobre las reelecciones en general y a su entender es algo que “desnaturaliza el gobierno republicano, pues de algún modo introduce tácitamente algo de los gobiernos monárquicos, es decir, de la perpetuidad del poder en manos de un mismo gobernante. Admitir la reelección indefinida, es cambiar la forma de gobierno. Es una revolución sin ruido, hecha por la misma ley fundamental”, dijo citando a Alberdi.

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