Los Cuadernos de las Coimas: la Cámara de Casación pidió que inicie el juicio de un tramo de la causa donde está Cristina Kirchner

Lo hizo al prorrogar la prisión preventiva del ex secretario de Transport Ricardo Jaime, acusado junto a la vice por supuestos sobornos en los subsidios a las empresas. El máximo tribunal penal decidió prorrogar por seis meses más la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, en un tramo vinculado al expediente conocido como…

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Lo hizo al prorrogar la prisión preventiva del ex secretario de Transport Ricardo Jaime, acusado junto a la vice por supuestos sobornos en los subsidios a las empresas.

El máximo tribunal penal decidió prorrogar por seis meses más la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, en un tramo vinculado al expediente conocido como los Cuadernos de las Coimas. En ese contexto, ordenó al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que fije la fecha de inicio del juicio oral para este tramo que investigó un supuesto circuito de sobornos alrededor de los subsidios a los trenes, en el que está procesada la vicepresidenta. El falló advirtió una “demora que puede tornarse inexcusable” para el comienzo del debate oral.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación, la instancia previa a la Corte Suprema, decidió que Ricardo Jaime debe continuar en prisión preventiva por seis meses más: es el único ex funcionario kirchnerista que permanece en la cárcel. Cuenta con otras condenas por corrupción como la Tragedia de Once, el cobro de dádivas y otros procesos en pleno desarrollo del debate oral.

Los jueces Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci reiteraron al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que debe fijar una fecha para el comienzo del debate: “se deberá fijar prontamente audiencia de debate oral y público, y dar comienzo lo antes posible, todo ello luego de advertir en autos una demora que puede tornarse inexcusable”, dice la resolución a la que accedió Clarín.

En este expediente se determinó que el manejo de los subsidios correspondientes al sistema ferroviario fueron parte de una “maniobra delictiva” que se estructuró desde el Ministerio de Planificación Federal.

Hay que recordar que en la conocida “causa madre” de los Cuadernos el TOF 7 inició la etapa de ofrecimiento de pruebas -que concluye en una semana- y después de eso analizará los testigos propuestos por las partes, incluidas la defensa de la vicepresidenta, como también las pruebas complementarias que requerirán.

Concluida esa instancia, se busca especificar una fecha de inicio para el debate del caso, que cuenta con seis tramos conexos pero que no serán juzgados de forma individual sino como una única maniobra. 

Esta asociación ilícita -indica la imputación- “desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente”.

Se detalló que Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como secretarios de Transporte; y Julio De Vido, -ex ministro de Planificación Federal-, como “partícipes de la maniobra”, generaron un millonario perjuicio al Estado.

En esta causa se particularizó uno de los supuestos canales de recaudación ilegal “cifrado en los subsidios otorgados por el Estado a las empresas concesionarias de transporte ferroviario”. Para los camaristas se corroboró la existencia de “intercambios ilegales en el ámbito de las concesiones del servicio de transporte ferroviario y de la hidrovía del Río Paraná”.

Según estableció la justicia, la maniobra consistía en ​entregar subsidios superiores a los que correspondían para poder recibir las coimas. Bonadio determinó que las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles “pagaban a Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional”.

Los dos testimonios claves, fueron los de Aldo Roggio y Gabriel Romero. El primero -encargado de la explotación del servicio de subterráneos y del ferrocarril Urquiza desde 1994- fue quien recordó el pago que de forma mensual -y en el rango del 5% de los subsidios obtenidos- efectuaba a Ricardo Jaime a fin de conservar la concesión.

Por su lado, Romero reconoció la entrega de ese mismo porcentaje con el propósito de mantener la explotación de la línea de ferrocarril Belgrano Norte, asignada a su empresa Ferrovías. El empresario admitió  también que a su empresa Hidrovía se le prorrogó la concesión a cambio de dinero, con pagos periódicos del orden de los 500.000 dólares, a fin de conservar su normal usufructo.

Los pagos a los funcionarios públicos “habrían sido ordenados y/o efectuados entre mensual y trimestralmente por Aldo Roggio, por Metrovías S.A.; Benjamín Romero, por Ferrovías.S.A.; Roberto Urquía y Romero, por Ferrocentral S.A.”. También se involucró a Carlo Cappelli por Sociedad Operadora de Emergencia S.A.; a Sergio Cirigliano, por Trenes de Buenos Aires S.A. -TBA-; y Sergio Taselli y Julio José Forastieri, por Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A., Transportes Metropolitanos San Martín S.A y Transporte Metropolitanos General Roca S.A.”, consigna el expediente judicial.

Las entregas de dinero se realizaban, según se detalla en la causa, “en los despachos de los Secretarios de Transporte o en las sedes de las empresas”. Para Bonadio, los funcionarios “organizaron a los particulares para apropiarse de un porcentaje del dinero correspondiente a subsidios nacionales entre los años 2003 y 2012″.

El juez calculó que durante un tramo del gobierno kirchnerista se entregaron 15 mil millones de pesos en subsidios, con una percepción de sobornos por encima de los 780 millones.