La balsa de rescate del Gobierno para el día después de la elección: reconfiguración del Frente de Todos y un plan para el FMI

La ilusión de convertir los dos años de gestión que le quedan a Alberto Fernández en un viaje de transición cómodo hacia la sucesión de 2023 a bordo de un oficialismo liberado de las ataduras del kirchnerismo ya no existe ni siquiera en los sueños de los pocos funcionarios que reconocen la jefatura del Presidente.Ese…

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La ilusión de convertir los dos años de gestión que le quedan a Alberto Fernández en un viaje de transición cómodo hacia la sucesión de 2023 a bordo de un oficialismo liberado de las ataduras del kirchnerismo ya no existe ni siquiera en los sueños de los pocos funcionarios que reconocen la jefatura del Presidente.

Ese proyecto existió sólo durante unos pocas horas luego de la derrota de las PASO y murió cuando Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, impuso su voz frente a los pocos ministros y secretarios de Estado que ese día, hace justo un mes, estaban reunidos en el despacho presidencial, azorados por la catarata de renuncias que habían ofrecido los funcionarios kirchneristas.

Los convocados a esa reunión le pidieron aquel día al Presidente que aceptara las renuncias, comenzando por la de Eduardo Wado De Pedro, e Ibarra dijo que no había posibilidad de supervivencia fuera del paraguas de Cristina Kirchner, la persona más odiada y temida en ese lugar.

Un día más tarde, el 16 de septiembre, la propia Cristina publicó su última carta, y el golpe fue tan potente que alcanzó para disparar los cambios de gabinete que pidió la vicepresidenta.

Los “machitos”, como llaman con sorna algunas de las mujeres más notorias del Gobierno al reducido grupo de funcionarios que se referencian en Fernández, tuvieron que esconder sus intenciones escapistas y volver a acostumbrarse a la situación, empeorada por la derrota externa e interna.

Ahora, con aquella ilusión descartada, los jefes de la coalición de Gobierno -el Presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa– comenzaron a trabajar en un plan para intentar rescatar al Frente de Todos en el día que le seguirá al golpazo que, según indican todas las encuestas y la lectura de los resultados de las PASO, ocurrirá el 14 de noviembre.

Según indica ese diagrama, el Presidente enterrará la organización del Gobierno que, hasta ahora, volvió imposible la toma de decisiones. El Frente de Todos había armado un dibujo burocrático delirante en el que cada funcionario respondía a jefes distintos, con una línea de responsabilidades inexistente.

Luego de las elecciones, el Gobierno buscará organizarse de manera vertical, para que cada ministro tenga un jefe político que responderá por toda el área, como ocurre en las coaliciones que funcionan en el mundo.

Es cierto que esa idea no se verificó en los cambios que se hicieron en el Gabinete luego de las PASO, que implicaron, por ejemplo, la llegada a la primera línea de Roberto Feletti y Débora Giorgi -impulsados por el eje Juan Manzur-Fernando Espinoza- dos funcionarios que están destinados a chocar con Guzmán.

Sin embargo, en el Gobierno insisten en que el funcionamiento del Frente cambiará y, como prueba de ello, citan la presunta concordia que se armó en el oficialismo en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Esta semana, ante los empresarios que almorzaron con él en la Casa Rosada, el Presidente recitó la hoja de ruta que él y Cristina Kirchner esperan para el entendimiento con el FMI.

Fernández les dijo que cree que en su reunión de este mes, el Directorio del FMI aceptará incluir en el temario del próximo encuentro, previsto para diciembre, una discusión sobre la regla que indica que los países que piden créditos que superen su cuota en el FMI -como es el caso de la Argentina- deben pagar una sobretasa sobre el préstamo.

Siempre según el relato que desgranó el Presidente, en diciembre el Directorio del Fondo aprobará la rebaja de esa sobretasa y la Argentina ya quedará en condiciones de firmar en enero de 2022 una carta de intención y en febrero un acuerdo con el FMI para extender un nuevo préstamo que permita pagar el que tomó Mauricio Macri.

Esta semana el plan de evitar esa sobretasa -que para la Argentina implica un costo de unos 1.000 millones de dólares anuales– avanzó un paso cuando los ministros de Hacienda de los países del G-20 aceptaron incluir la siguiente frase en el documento final de su reunión en Washington: “Agradecemos al FMI por la actualización sobre la política de sobretasas y aguardamos con interés otros análisis conexos del Directorio Ejecutivo del FMI en el contexto del examen provisional de los saldos precautorios”.

A fin de mes, en su viaje a Roma para la cumbre de Jefes de Estado del G-20, Fernández llevará esa misma frase impresa en sus papeles, con la idea de que, esta vez, forme parte de las recomendaciones y pedidos del documento que firmarán los mandatarios.

Fernández y Guzmán sostienen que, con ese pedido de los lideres de los países más poderosos ante sus ojos, los miembros del Directorio del FMI no tendrán otra alternativa que bajar esa sobretasa.

Si ocurre será un triunfo modesto del Presidente para los parámetros de la política internacional -ningún jefe de Estado se ocupa personalmente de pelear en una cumbre por detalles tan pequeños como una sobretasa- pero el Gobierno lo anunciará en el último tramo de la campaña electoral con los adornos reservados para las hazañas.

La idea de Guzmán es que -sin la sobretasa y con la carta de intención firmada- el nuevo acuerdo postergue el primer vencimiento para 2026 y contenga una cláusula que permita extender el plazo de pago si es que el Fondo acepta en el futuro extender los pagos más allá de los diez años. Hoy, ese es el plazo máximo que permite la normativa del organismo.

En el Gobierno estiman que, si la negociación sigue caminando, la Argentina podrá incluso evitar pagar los US$ 1.880 millones del vencimiento del capital fijado para el 22 de diciembre. “La idea es que ese vencimiento se prorrogue para marzo y, como en esa fecha creemos que el acuerdo estará firmado, directamente refinanciaremos todo para más adelante“, le dijo a Clarín uno de los funcionarios que sigue los detalles de la negociación con el FMI.

Para que todo ese esquema imaginado se mantenga en pie, el Gobierno tendrá que cumplir un requisito ineludible: presentarle al Fondo algo que por lo menos se parezca un poco a un plan económico. Hasta hoy, ese es un término prohibido en el vocabulario del Presidente. Lo más inquietante, sin embargo, no es eso.

Ese programa tendrá que pasar en forma periódica por la auditoría de los técnicos del Fondo y obligará a profundizar lo que Cristina Kirchner ya llamó un ajuste fiscal. Si este mismo Gobierno ya dio muestras de que no está dispuesto a pagar el costo electoral que implica un ajuste en una elección legislativa: ¿Quién puede creer que la vicepresidenta tolerará comenzar la campaña de 2023 con un ajuste fiscal incluso más pronunciado que el que había comenzado a implementar Guzmán este año?

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