Le restituyeron la matrícula a un ginecólogo condenado por impedir un aborto legal y las organizaciones de mujeres repudiaron la medida

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado por la Justicia rionegrina por impedirle un aborto a una víctima de una violación, podrá volver a atender. El Ministerio de Salud de Entre Ríos decidió restituirle la matrícula que le habían suspendido en noviembre. Organizaciones feministas repudiaron la medida y le pidieron al gobernador Gustavo Bordet que retroceda…

le-restituyeron-la-matricula-a-un-ginecologo-condenado-por-impedir-un-aborto-legal-y-las-organizaciones-de-mujeres-repudiaron-la-medida

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado por la Justicia rionegrina por impedirle un aborto a una víctima de una violación, podrá volver a atender. El Ministerio de Salud de Entre Ríos decidió restituirle la matrícula que le habían suspendido en noviembre. Organizaciones feministas repudiaron la medida y le pidieron al gobernador Gustavo Bordet que retroceda en la decisión.

Rodríguez Lastra fue condenado en Río Negro, en octubre de 2019, a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, pena confirmada por otro tribunal.

Habló una de las primeras médicas que indicó la Interrupción Voluntaria del Embarazo: “Ahora no tenemos que pedir justificaciones”

El 2 de abril de 2017, el médico recibió a la paciente en el Hospital Área Programa de Cipolletti con un aborto en curso, pero no permitió que siguiera y le suministró una medicación que inhibió las contracciones.

En su momento, el ginecólogo explicó que tomó esa decisión “para salvarle la vida” a la joven porque le detectó una infección. Sin embargo, la Justicia consideró que “obrando como dueño y señor del cuerpo y la salud de la paciente, la expuso a otras consecuencias para las que seguramente no estaba preparada” y lo condenó.

Tiempo después, logró empezar a desempeñarse en el departamento entrerriano de Gualeguaychú, en un instituto privado, pero el 26 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud local determinó suspenderle la matrícula y cerrar su consultorio. Además, le ordenó abstenerse de ejercer la medicina en Entre Ríos.

Ahora, a través de la resolución 416/21, el Ministerio revocó la suspensión. La decisión oficial, que se tomó el 12 de febrero y se hizo pública en las últimas horas, lo habilitó a ejercer la medicina con una matrícula vigente hasta 2025.

Jair Bolsonaro aseguró que el aborto no se legalizará en Brasil

Desde la cartera sanitaria entrerriana señalaron a la agencia Télam que, si bien Rodríguez Lastra “ostenta una sentencia penal impuesta en razón de su actividad de médico en Río Negro, no se encuentra firme y consentida” ya que su defensa presentó un recurso en queja.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sostuvieron que el restablecimiento de la matrícula “atenta contra los derechos de todas las mujeres y personas gestantes de Entre Ríos”, lo que puede afectar “el ejercicio de un derecho consagrado por la ley, siendo el propio Estado provincial quien pone en riesgo”.

¿Qué establece la Ley 27.610 de aborto legal?

La IVE entró en vigencia en todo el territorio nacional a fines de enero. La ley garantiza el derecho al aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Después de ese plazo, no está permitido realizar la práctica, excepto los casos contemplados en el Código Penal.

La interrupción del embarazo de forma legal, segura y gratuita está garantizada porque forma parte del Programa Médico Obligatorio (PMO), que abarca al sistema de salud público, privado y de las obras sociales. Las mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la práctica en un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud.

Además, la ley establece el derecho de la persona que requiera el aborto a recibir servicios médicos y psicológicos después de la intervención. Los médicos no pueden alegar objeción de conciencia para negarse a prestarla. En caso de incumplir con esa obligación, podrían recibir sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el Ministerio de Salud en conjunto con la Superintendencia de Servicios de Salud puso a disposición la línea telefónica 0800-222-3444, que ya se utilizaba en todo el país como espacio de consulta para la población y equipos médicos sobre salud sexual y reproductiva. Ahora también recibe denuncias y reclamos sobre obstrucción de acceso al aborto legal.