Economía del conocimiento: claves de la ley que impulsa el Gobierno

Con 3 meses de demora, el Senado se apresta a tratar la semana próxima la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, un proyecto que ya fue aprobado en Diputados por muy amplia mayoría. El antecedente fue el dictamen aprobado ayer en comisión, que contempla modificaciones con respecto a la media sanción de la…

Economía del conocimiento: claves de la ley que impulsa el Gobierno

Con 3 meses de demora, el Senado se apresta a tratar la semana próxima la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, un proyecto que ya fue aprobado en Diputados por muy amplia mayoría. El antecedente fue el dictamen aprobado ayer en comisión, que contempla modificaciones con respecto a la media sanción de la cámara baja y que limita las ventajas a las grandes compañías tecnológicas, entre ellas Mercado Libre, Globant y Accenture. “No es lo deseable, pero lo mejor es tener una ley aprobada lo antes posible que elimine la incertidumbre”, dijo a Clarín Luis Galeazzi, director de Argencon, la cámara de un sector que exporta anualmente unos US$6.000 millones.

La intención del oficialismo es aprobar rápidamente el proyecto para remitirlo nuevamente a Diputados para su sanción definitiva. La principal modificación del despacho en comisión es que rebaja los descuentos en el impuesto a las Ganancias en forma gradual en función del tamaño de la empresa: para las pymes se mantiene el 60%, para las medianas será el 40% y para las grandes compañías se redujo al 20%.

Lo que se mantuvo del proyecto original es la rebaja del 70% en los aportes patronales. Si sale como está previsto, el régimen promocional se instrumentaría entre fines de este año y principios del próximo, una vez que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Desarrollo Productivo conducido por Matías Kulfas, la reglamente. Desde el Gobierno avisaron que su redacción está muy avanzada, pero quedan dudas si contemplan los cambios que le introdujo el Senado. Un aspecto primordial de la reglamentación es la creación de un “Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen” en el que deberán inscribirse los interesados para acceder a los beneficios.

La actual Ley del Conocimiento sustituye a la anterior ley 27.506, suspendida sorpresivamente por el Gobierno en enero a los 20 días de su entrada en vigencia. El freno a los beneficios complicó la operatoria de una industria que tiene 437.000 empleados de alta calificación ( según datos del Indec) y que agrupa rubros como el software, servicios profesionales, biotecnología, consultoría, ingeniería y contenidos audiovisuales.

La distinción entre empresas chicas y grandes fue una de las exigencias que estableció el kirchnerismo para aprobar el proyecto. El dato contrasta con el ADN de una industria en la cual compiten y también coexisten multinacionales y startups tecnológicas, que establecen alianzas para ganar contratos. Es habitual que surjan emprendimientos muy especializados y con pocos empleados, que pasan a formar parte de proyectos internacionales de gran envergadura. Hay otro aspecto llamativo: el costo fiscal de la promoción (lo que el Estado deja de recaudar) no es demasiado alto: estiman que rondará los $18.000 millones anuales, esto es US$230 millones al tipo de cambio oficial.

Lo cierto es que finalmente el Gobierno reactivó la iniciativa, encajonada desde la media sanción en Diputados, donde obtuvo 242 votos a favor y solo dos en contra. En las últimas semanas fue el propio Kulfas el que negoció con todos los bloques parlamentarios para consensuarla. De aprobarse en el Senado como se espera, el proyecto retornará a la cámara presidida por Sergio Massa.

Los nuevos impulsos coinciden con otras señales conciliadoras a un sector que genera dólares. Incluso a Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin, el empresario que manifestó en público su apoyo a Mauricio Macri. “No es algo particular contra ustedes“, intentaron tranquilizar desde la Casa Rosada. Fuentes empresarias destacan que la prioridad, hoy, es aplicar cuanto antes la ley, cuyos efectos serán retroactivos al 1° de enero de este año y se prolongarán hasta 2029.

El proyecto tuvo un recorrido accidentado, que se inició en mayo de 2019. El macrismo impulsó la ley 27.506 (para continuar los beneficios de la Ley de Software), que fue sancionada por unanimidad y fue reglamentada a través del decreto 708/2019. Entró en vigencia el 1° de enero y a los pocos días, otra resolución, la 30/2020, la frenó con el pretexto de incompatibilidades burocráticas. Sancionada, suspendida y reformulada, la Ley del Conocimiento avanzó unos cuantos escalones.

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